Temor injustificado al control formal de las acusaciones

Temor injustificado al control formal de las acusaciones

Uno de los mecanismos de protección a los derechos del imputado que trajo consigo el actual sistema penal acusatorio en el Perú es el llamado control de la acusación. Se trata de un mecanismo fundamental del debido proceso que tiene dos aspectos indesligables: formal (control de contenido de la acusación de acuerdo al artículo 349.° del Código Procesal Penal) y material (sobre la presencia de las causas de sobreseimiento de acuerdo al numeral 2 del artículo 344.° del Código citado). Desde el Acuerdo Plenario No. 6-2009/CJ-116 la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido mayores criterios sobre cómo debe efectuarse cada control de la acusación, pero todos están sustentados en el mismo principio: no solo debe ser un control de contenido, sino también de exhaustividad en la imputación y debida motivación del requerimiento acusatorio.

El control de la acusación exige únicamente la subsanación inmediata o la devolución para efectuar las correcciones en la acusación fiscal con el propósito de establecer las condiciones adecuadas para el futuro juzgamiento y para asegurar que no existan problemas para el ejercicio de la defensa. El que una acusación fiscal defectuosa logre superar o no este filtro dependerá en gran medida de la defensa, que tendría que advertir los vicios u omisiones, o del juez de la investigación preparatoria, que de oficio puede realizar su tarea de control.

En nuestro medio se advierte un temor injustificado al control formal de las acusaciones. Tal vez porque en este momento procesal el fiscal requirente no ve una oportunidad de mejorar y perfeccionar su acusación para ingresar más fortalecido a un control material y a la etapa de juzgamiento. O quizá porque es consciente de que revelaría debilidades de su actuación. A este escenario de injustificado recelo contribuye la actuación del propio juez, quien lejos de considerar con rigurosidad su tarea de control prefiere flexibilizar su intervención para “salvar el requerimiento acusatorio”, con lo que desalienta la labor de la defensa, que preconcibe inoficiosa la intervención de aquel.

Incorporado en la reforma procesal penal de nuestro país, el control de la acusación nos recuerda que existe una corresponsabilidad en el debido desarrollo del proceso y que un control formal del requerimiento acusatorio tiene un mayor significado que calificar la tarea fiscal: evitar el ingreso a un juicio oral en el que el imputado tendrá que enfrentar cargos “sustentados” públicamente con un requerimiento acusatorio vago, insuficientemente respaldado, con imprecisiones y omisiones que no deben pretenderse subsanar en el juicio oral, que ya tiene otros fines. O evitar que se implemente la práctica judicial no regulada de devolución para que se rehaga dicho acto procesal al no haber sido debidamente efectuado.

Los controles en el proceso penal no deben incomodar a ninguna de las partes. Como sucede en otros ámbitos del poder, permiten limitar, corregir y proscribir toda forma de arbitrariedad.

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