Los conceptos arriba indicados corresponden al Derecho Penal y hoy en el Perú se vienen debatiendo ardorosamente dentro y fuera del Congreso. Están muy relacionados, pero no son idénticos, si bien guardan estrechos vínculos. La inmensa mayoría del público peruano, particularmente el sector de la ciudadanía que sufrió el cruel e insano terrorismo de Sendero Luminoso en las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo XX, sabe el inmenso costo en vidas humanas, desarrollo económico y social que el senderismo y los secuaces de Abimael Guzmán Reinoso (+) le originaron al Perú. Hoy solo quedan los residuos del VRAEM, que por desgracia aún no pueden ser totalmente erradicados.
Sin embargo, en los últimos tiempos ha surgido el fenómeno del terrorismo urbano que azota a Lima y otras ciudades importantes de nuestra patria. ¿Qué es el terrorismo urbano y cómo se le pretende combatir? De acuerdo al proyecto que ahora se debate en el Congreso, comprende una gran variedad de modalidades delictivas tales como el homicidio calificado, sicariato, lesiones graves, trata de personas, explotación sexual, robo agravado, extorsión, según la información periodística publicada recientemente. Sin embargo, a diferencia del terrorismo de Sendero Luminoso, su objetivo no es político, sino generar un caos generalizado en la vida del país, alterando, entre otros servicios, el transporte público masivo dentro y fuera de las ciudades. Una alteración de tal magnitud, obviamente, también ocasiona efectos políticos, y el más grave consiste en que erosiona las instituciones democráticas del país si no reaccionan en forma rápida y contundente para combatir este nuevo fenómeno delictivo.
La respuesta es cómo, ¿agravando las penas y creando cerrojos para que los fiscales y jueces timoratos no liberen a los delincuentes detenidos y procesados? Sin duda, en eso consistiría una parte del remedio, pero no se limita a esos dos factores. Debe haber un mayor esfuerzo policial y una coordinación más efectiva con el Ministerio Público y el Poder Judicial para que no prospere un clima de impunidad. Adicionalmente, resulta imperativo un mayor esfuerzo del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, para construir más cárceles y/o ampliar las existentes a fin de impedir que los delincuentes anden sueltos generando un mayor caos delictivo.
El otro tema es el concepto de organización delictiva, que podría o no estar asociada con el terrorismo urbano. ¿Qué entendemos por esta modalidad delictiva? Es un concepto muy complejo para sintetizarlo en un breve artículo periodístico, pero recurriendo a fuentes públicas de información, podría ser definida como “una agrupación formada por dos o más personas, de carácter estable o indefinido, con el objetivo de cometer uno o más delitos graves”. A juicio del suscrito, el Estado peruano debe enfocar sus esfuerzos para combatir el llamado terrorismo urbano y, de igual manera, desarticular a las bandas extorsivas que lo cometen, aplicando enérgicamente la fuerza de la ley, sin perjuicio de rechazar los vacíos y limitaciones jurídicas que algunos grupos en el Congreso quieren introducir para hacerla letra muerta.

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