La amenaza ya está hecha. Si bien el premier Walter Martos retrocedió y aclaró que su declaración, acerca de que las Fuerzas Armadas intervendrán de darse la vacancia presidencial, ha sido malinterpretada, lo cierto es que lo dicho, dicho está: “Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho, esa es su función. No se va a permitir que se rompa el Estado de Derecho…”. Tremenda alerta golpista que busca frenar un nuevo proceso de destitución en contra de Martín Vizcarra, que se encuentra en la Constitución y para que prospere -cosa que no sucederá- se requieren de 87 votos de los legisladores. ¿Habrá otra postal intimidatoria de Vizcarra y los altos mandos policiales y castrenses, como ocurrió tras el golpe asestado al cerrar inconstitucionalmente el Congreso anterior?

La situación del jefe de Estado es harto complicada. Ya no estamos hablando solo del caso Richard Swing, sino que Vizcarra, siendo gobernador regional de Moquegua, habría recibido S/2’300,000 en coimas de empresas del ‘Club de la Construcción’ (Obrainsa e ICCGSA) a cambio de obras públicas, como el proyecto Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Son unos cinco aspirantes a colaboradores eficaces -incluido el exministro José Manuel Hernández, amiguísimo del mandatario aunque este lo niegue- que han narrado cómo se produjeron los oscuros pagos. En simple: los coimeadores y el intermediario admiten el ilícito cometido, en tanto que Martín Vizcarra, el supuesto receptor, niega lo ocurrido en solitario. Es un testimonio versus cinco.

Después de la conminación de Martos y ante tanta carga probatoria, ¿la permanencia de Vizcarra en Palacio de Gobierno garantiza unas elecciones limpias y transparentes o que no desaparezcan las evidencias del delito? Desde esta columna, considero que no. Y si bien un gobierno de este Congreso populista puede ser peligroso, es prácticamente imposible caer más bajo: somos el país con la mayor tasa de mortalidad por coronavirus en el mundo por 100 mil o 1 millón de habitantes, además de una de las naciones con la peor caída económica a causa de la pandemia. La mejor salida a esta crisis que parece perpetua sería, sin duda, que Martín Vizcarra renuncie o -como plantea Ricardo Uceda- reine, pero no gobierne y que convoque a un gabinete de ancha base. Ello no ocurrirá de ninguna manera, por lo que todos los caminos deberían conducir a la vacancia. ¿No estamos cansados, acaso, de tantas mentiras? De darse la destitución del mandatario -reitero, algo que no pasará-, Manuel Merino tendría que formar un gabinete de consenso y asegurar unas elecciones pulcras.

El cartel mediático pretende antaurizar la situación, al sindicar que el principal impulsor de la vacancia es el encarcelado etnocacerista, cuando este siempre ha sido un antisistema (¡quiere fusilar a todos!), de tal forma que no es novedad sus ganas de ver arder Troya. La pregunta debe ser si hay argumentos suficientes para que Vizcarra salga por la puerta falsa de la sede del Ejecutivo. Yo creo que sí.