Las protestas continuaron en algunas ciudades del sur del país, con distintos grados de intensidad y de violencia. En todas ellas, cuatro son las demandas que las repiten con insistente letanía: piden la renuncia de la presidente Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación del expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo por su pretendido golpe de estado. El gobierno, contra lo que muchos reclaman, se había mostrado cauteloso frente a las abiertas provocaciones de grupos violentistas, sin poder evitar un número elevado de víctimas, que nos conmueve a todos.

Las muertes producidas durante los actos de violencia deberán ser investigadas, incluyendo los actos que condujeron a dichos desenlaces. Los azuzadores tendrán que ser identificados para individualizar las responsabilidades. Los bloqueos a las carreteras para impedir el libre tránsito, con el propósito de aislar poblaciones que sólo desean vivir en paz, la destrucción de locales públicos y privados, son delitos graves. Sólo en un día, el jueves de esta semana, se habían reportado 29 sectores bloqueados en las diferentes vías de comunicación que unen hacia las regiones de Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna. La situación seguía siendo preocupante, sin duda.

Los paros regionales del sur han golpeado, seriamente, la economía de miles de comercios y empresas, tal como lo señaló, recientemente, la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Según el registro de esta institución, las pérdidas diarias en ventas en Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios y Puno ascienden a 672 millones de soles, en momentos que se requiere, precisamente, de mayor seguridad y estabilidad para buscar la reactivación de nuestra economía. Las pérdidas diarias, según el desagregado por rubros, del trabajo de la CCL, 170 millones corresponden al sector Comercio, 161 millones, al sector Minería e hidrocarburos y 149 millones a servicios, entre otros sectores.

Según la Central de Operaciones Policiales de la PNP, en el curso de esta semana, se atacaron 16 sedes de entidades públicas y 13 de entidades privadas, así como 10 bases policiales, todo ello en las regiones del sur. El pico más alto de violencia se produjo en Puno, con 25 de dichos atentados. Le siguen Apurímac, con ocho; Cusco, con tres; Tacna, con dos; y Huancavelica, con uno, según dio cuenta la prensa nacional.

Los promotores de los paros regionales y marchas de protesta contra el gobierno, piden, con insólita obcecación, la renuncia de la presidenta Boluarte, a quien no perdonan haber “traicionado” su palabra, cuando declaró su lealtad al exmandatario Castillo, cuando otras eran las circunstancias políticas. El presidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, aseguró de manera categórica, en rueda de prensa, que la presidenta no renunciará.

“Lo quiero decir con toda claridad. La señora presidenta no va a renunciar, ese hecho no se va a dar, y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esa sucesión constitucional se afiance, y porque dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima a la anarquía y el desgobierno, y eso no va a ocurrir”, dijo a los periodistas. Era importante esta precisión, porque la desestabilización empieza con el rumor callejero que se alimenta, ahora a través de las redes. Aclararlo era urgente y oportuno.

Pero a su vez, con el mejor manejo político no hay que dejar de lado lo que subyace en los reclamos, que no es sino la falta de atención en cubrir las necesidades de la población más pobre del país. A eso debe apuntar el gobierno, buscar las mejores soluciones para quienes están huérfanos de trabajo, salud, educación, seguridad y demás urgencias por cubrir, recordando que es obligación del Estado defender a la persona humana y respetarla en su dignidad como su fin supremo.

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