Torpeza o sabotaje

Torpeza o sabotaje

La seguridad jurídica es una garantía esencial que brinda un Estado en las relaciones jurídicas que se vinculan en torno a un objetivo de satisfacción de intereses apuntando al desarrollo individual y social, que repercute favorablemente en la economía de un país, para no alterar arbitrariamente las reglas de juego que precedieron a la negociación, celebración del negocio y ejecución del mismo, porque, de lo contrario, la desconfianza alejaría cualquier clase de inversión pues en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso según reza el dicho.
Es inadmisible cualquier intento estatal de cambiar las estipulaciones de un contrato de manera unilateral al igual que entre particulares, uno de estos pretenda modificar sus prestaciones a favor del otro, simplemente porque así lo decide imponiéndole a su contraparte la subsecuente insatisfacción de sus intereses.

En el caso del megapuerto de Chancay, el Estado negoció con dos empresas privadas la inversión por parte de éstas de aproximadamente cinco millones de dólares para construir un hub portuario que convertiría al Perú en el puerto de entrada y salida de barcos hacia y desde el Asia para asumir el liderazgo comercial sudamericano de la Apec, con el subsecuente potenciamiento económico, comercial e industrial con zonas económicas especiales, astilleros para construcción y reparación de grandes embarcaciones, concentración de carga de países vecinos, mayores divisas para el país para construir mayor y mejor infraestructura vial y de servicios, entre otros.

Se negoció públicamente un contrato para la ejecución de esta obra de gigantesca envergadura y nadie formuló observación alguna a las estipulaciones contenidas en el convenio que luego firmaron las partes.

Las empresas constructoras iniciaron las obras y cuando está por culminarse la primera etapa de las mismas con una inversión inicial de mil trescientos millones de dólares, un funcionario portuario quien intervino en la negociación y firma del contrato, repentinamente sale a declarar que existe un vicio en la concesión de ciertas exclusividades y se interpone la nulidad de cláusulas comprometiendo tanto la ejecución de la obra como la percepción por parte del Perú de los ingentes beneficios de la misma.

Estos hechos jamás ocurren al azar cuando una obra representa un cambio del mapa geopolítico en una región porque jamás podríamos admitir errores groseros en una negociación, firma y ejecución de un contrato por miles de millones de dólares cuyo proceso fue notorio y de pública evidencia.

Surge entonces la sospecha de una oscura intencionalidad de frustrar el negocio, lo que lamentablemente trae al recuerdo peruano las más grandes traiciones sufridas en el pasado para frenar nuestro desarrollo por gentes que sin ningún escrúpulo nos pusieron a la cola de otras potencias. Ya es tiempo de recuperar autoestima y asumir con dignidad y valentía todos los liderazgos que el futuro nos depare. No queda otra.

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