La Junta Nacional de Justicia –parida por Vizcarra- destituyó al ex Fiscal de la Nación Chávarry por conversar con el hermanito Walter Ríos del poder Judicial. Sin embargo, cuando el omnipotente juez supremo caviar don César San Martín le exigiera al mismo hermanito Walter Ríos que presionase a un funcionario del poder Judicial que, según él, estaba “argumentando cojudeces” para evitar que salga alguna decisión a su favor, ante semejante trasgresión a la Justicia esa misma Junta apenas le aplicó 30 días de suspensión al supremo. Así de politizado es este instrumento –la JNJ- creado por la cofradía caviar para perseguir, destituir y condenar por quítame estas pajas a quien discrepe de su mafia y tratar con guante de seda a sus amigotes que trasgredan la ley.

El juez San Martín es un auténtico pope de la cultura caviar que se ha incrustado en el Estado. Particularmente en la Justicia. Hombre poderoso y juez versado, es una figura muy temida adentro y afuera de los corrillos del palacio de Justicia. Lo comprueba la asimetría con que actuó en su caso la Junta Nacional de Justicia, contrastándolo con el ejemplo del ex Fiscal de la Nación Gonzalo Chávarry. Pero el ser humano siempre se encuentra con la horma de su zapato. Recientemente, el Tribunal Constitucional ha fallado 4-3 a favor de una demanda de amparo que presentó el periodista don Aldo Mariátegui, fundamentada y sustentada por el letrado don Enrique Ghersi, contra una sentencia de la Corte Suprema –votada por San Martín- “que pretende surtir efectos desde que se alcanzan los votos suficientes para resolver el caso”. El fallo dispone que aquello es inconstitucional. “La votación de la resolución de un caso es un trámite interno (…) La votación puede realizarse antes de la redacción de la sentencia, como lo hacen varios tribunales de justicia en el mundo, pero para que tenga efecto debe completarse su argumentación, ser firmada y luego notificada.” Según Mariátegui, esto acaba con la “corruptela que pasaban largos plazos y recién después enviaban a sentencia con fecha anterior, atentando contra toda garantía jurídica porque mantenía en vilo al procesado.” El fallo es entonces trascendente. En particular, para el caso de la prensa independiente. Porque hasta antes de que el TC resolviese esta controversia las libertades de información y de opinión se mantenían secuestradas por subterfugios lanzados como trascendidos por la parte afectada, que le permitían hacerle creer al demandado que la decisión de la corte había salido a favor suyo, “pero se encontraba en proceso de notificación”. En el ejemplo del gacetillero, se le obligaba a someterse durante meses –inclusive años- a evidentes especulaciones sobre la certeza del fallo. ¡Siete años ha tomado esta gesta que beneficia a la prensa libre!

Dicho sea de paso el tribuno Eloy Espinosa rehusó inhibirse de participar en este caso a pesar de haber sido secretario del vocal supremo San Martín. Con razón, Mariátegui expresa su “alegría porque esta sentencia del TC le cayó a San Martín en simultáneo a su suspensión por la JNJ”.