Según Naciones Unidas, el 30 de julio ha quedado establecido como el Día mundial contra la Trata, y de acuerdo a su protocolo se define como trata de personas “la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

Es un problema, ciertamente, mundial y como bien señala este organismo “uno de los delitos que atenta contra los derechos humanos, pues vulnera la esencia misma de la persona, como vida, libertad, integridad y dignidad, especialmente de los más vulnerables como son los niños, niñas y mujeres y que son sometidas a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual a nivel mundial, otras víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos”.

En el Perú –señala el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI– que “este delito adquiere un carácter trasnacional y demanda un intenso esfuerzo de cooperación entre los estados de origen, tránsito y destino a fin de prevenir y combatir a través de políticas que tengan en consideración la vulnerabilidad de las víctimas, garantizando sus derechos humanos reconocidos”. El esfuerzo realizado por el INEI por estudiar el problema y conocer a profundidad esta realidad quedó registrado en el estudio estadístico sobre Trata de Personas 2012-2019, con información proporcionada por el Ministerio de Interior, Ministerio Público, Poder Judicial e Instituto Nacional Penitenciario.

Es una dolorosa realidad que no se detiene y crece, incluso, en época de pandemia, como la que atraviesa el país. Según la Defensoría del Pueblo, más de 900 mujeres –70 por ciento niñas y adolescentes– desaparecieron en el país durante los tres meses y medio iniciales de cuarentena nacional por el Covid-19, lo que constituye un aumento, respecto de cifras que se manejaban mucho antes de la crisis, lo cual debería movilizar nuestras alertas instituciones y ciudadanas.

Según la responsable de Derechos de la Mujer de la Defensoría, “los casos de niñas y adolescentes es el más alto porque superan el 70 por ciento del total de mujeres desaparecidas”. Y algo más: la vocera de la Defensoría explicó que la Policía y Fiscalía no priorizan estas investigaciones porque “se cree que estas mujeres se marcharon de forma voluntaria, a pesar que existen altas cifras de feminicidios y redes de Trata de personas”. “Hay una resistencia de la policía –precisó la vocera de la Defensoría del Pueblo– en tomar estos casos. Nosotros exigimos que se concluya el registro nacional de personas desaparecidas”, expresó a una emisora de alcance nacional.

La Trata de Personas es un delito que no da tregua. Aquí y en otras partes del continente y del mundo las mujeres, especialmente niñas y adolescentes, son víctimas ocultas de esta forma de violencia contra su dignidad y sus derechos humanos. La mayoría de las víctimas no se atreven a denunciar por muchas razones, que tienen su recurrencia en la indiferencia social o los estigmas tradicionales contra la mujer. Y la situación se agrava, debido a las limitaciones que las medidas de emergencia nos han impuesto. Aun así, sin embargo, no deberíamos bajar la guardia y estar alertas en todos los extremos.

Juez Supremo