La tragicomedia que ha ocurrido en el desacreditado Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revela no solo que ese tribunal no es imparcial, sino la manera desaprensiva con la que impunemente pisotean las normas legales que se supone deben salvaguardar.

En efecto, el representante de la Fiscalía, Luis Arce, no podía renunciar y “declinó” su participación, dejando sin quórum al JNE que, irregularmente, venía funcionando con solo cuatro miembros y, en ocasiones, tomando decisiones con un inexistente voto dirimente del presidente Jorge Salas Arenas. Este, a su vez, “suspendió” a Luis Arce, figura que no existe en las normas que rigen al JNE. El reemplazante, Víctor Rodríguez Monteza, primero se escondió, luego en una extensa carta argumentó que no podía asumir el cargo y después de –presumiblemente- haber sido presionado y amenazado, juramentó como miembro del JNE.

Varios abogados han señalado que todo este enredo es absolutamente ilegal y que las decisiones de este JNE son inválidas.

Pero todo sigue adelante. Y la razón está claramente expresada en la carta de Luis Arce:
“Las denuncias por un supuesto fraude así como la falta de transparencia y ausencia de disposición por parte del Sr. Jorge Salas Arenas para hallar la verdad electoral evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de nuestra nación sobreponiendo los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos. Además, el Perú debe conocer que no es casualidad que actualmente ejerzan funciones una fiscal de la Nación, un presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), una presidenta del Poder Judicial (PJ) y siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) designados durante el Gobierno del vacado ex Presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo y que precisamente en el ejercicio funcional de sus altas responsabilidades se haya provocado la situación política en la que nos encontramos. Tampoco es fortuito que la fiscal de la Nación omita sus funciones de persecutora de los delitos electorales que públicamente se vienen denunciando en el presente proceso electoral.”

En síntesis, lo que dice Salas es lo que muchos venimos denunciando desde el año 2018: la coalición vizcarrista, integrada por políticos, medios de comunicación, ONG, opinólogos, etc., se ha ido apoderando ilegítimamente de diversos organismos estatales –incluyendo el golpe de Estado mediante el que disolvieron el Congreso-. Luego mediante una violenta algarada derribaron a Manuel Merino e impusieron un Gobierno izquierdista, que es parte de esa coalición y que ahora apoya descaradamente el intento de implantar un régimen chavista en el Perú.

Es decir, ellos ya controlan de manera ilícita gran parte del aparato estatal, avanzan en capturar totalmente la Policía Nacional, y el Gobierno agrede a prominentes oficiales en retiro de las FFAA, preparando el terreno para la captura de las instituciones castrenses. No esperan una ilegítima proclamación, se adelantan ahora.

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