El proyecto de ley Reprograma Perú aprobado por el Congreso “en consenso” con la ministra de Economía María Antonieta Alva, que previamente los ablandó anunciando “una caída de -20% del PBI en el 2020” si caía algún banco, ha resultado un fiasco para los siete millones de desocupados (INEI), porque es insignificante, discriminatorio y favorable a la banca.
Es insignificante, porque representa un ínfimo porcentaje de 1.4% (hasta por S/ 5,500 millones) de los S/ 387,500 millones de créditos colocados por el sistema financiero; que a la vez es un monto once veces menor en comparación con los S/ 60,000 millones dispuestos para las empresas en Reactiva Perú.
Es discriminatorio, no sólo porque únicamente cubre a los clientes que hasta el mes de febrero registraban un retraso no mayor a un mes, sino porque además el tope es bajísimo de: S/10,000 en los créditos de consumo que es el segmento medular, sin tomar en cuenta que se está dejando de lado a la gran mayoría de los 7.2 millones de hogares endeudados. Por ejemplo, aquellos hinchas que compraron un televisor de S/ 2,000, para ver el mundial de Rusia y pagarlo en 36 meses en la navidad del 2017, valiéndose de una “tarjeta de crédito clásica” de alguno de los cuatro bancos más grandes (BCP, Scotiabank, BBVA e Interbank) cuyo costo del crédito supera largamente el 100%, no podrían acceder a esta reprogramación ya que su saldo deudor rebasa el tope.
Es favorable a la banca, porque en esta “reprogramación en 36 meses”, mientras el Estado otorga una garantía que fluctúa entre el 80% y el 40 % del monto, la rebaja del banco en el “costo del crédito” varía entre 25% y 15%. La desigualdad en los números habla por sí sola. Pero la tabla escalonada del proyecto es sumamente farragosa. Ojalá que Cofide aligere su tradicional ritmo de tortuga para aprobar con presteza las garantías.
Y tampoco desaparecen las tasas abusivas, por ejemplo, en una deuda de S/10,000 de una tarjeta de crédito clásica del BBVA, mientras el Estado correría con el riesgo del 80% (S/ 8,000) el banco sólo bajaría la tasa de 130% (o más) a no menos del 97.5%. En cuanto al publicitado “congelamiento”, este sólo le alcanzaría a los clientes que tengan atrasos mayores a tres meses. Otra burla.
Por otro lado, los bancos continúan acumulando una suerte de “colchón” para paliar una situación de emergencia provocado por un abrupto crecimiento de la morosidad. Con la norma evitan que el 1.4% (S/5,500 millones) de los créditos pasen a morosos, que se suma a otros 2.1% (S/8,400 millones) de garantía estatal que les obsequió papá gobierno (DecLeg 1508-11/5/20) más el 1.7% (S/6,500 millones) de “provisiones” en las bóvedas que hasta el mes de agosto los accionistas han venido incrementando. En suma, con estos malabares contables les serviría para “aguantar” un aumento de la morosidad del 3.1% actual hasta el 8%. Más arriba, en un escenario de estrés financiero sólo queda el naufragio.
Quizá por ello Moody’s, acaba de rebajar la perspectiva de la banca peruana de estable a negativa, y como augurio de una primavera tórrida al Banco Ripley lo ha degradado de A- a B+(29/9/20).