Oclocracia según el diccionario es “el gobierno de la muchedumbre. Una de las formas de degeneración de la democracia. Se confunde con la tiranía de la mayoría, dado que ambos términos están íntimamente relacionados.” Es lo que acaba de consolidarse en el Perú cuando el Congreso, apurado por el régimen Sagasti, optó por anular la Ley de Promoción Agraria para satisfacer las reivindicaciones de una poblada azuzada por operadores comunistas, que demandaba fuese derogada para levantar una huelga muy violenta. Huelga que empezó en Ica y pasó a Trujillo, con clausura de la Carretera Panamericana Sur y Norte. Paralizó medio país, en acto que reveló coerción al Estado por violentar normas legales e imponer la ley de la selva, bajo el mando de una cúpula agresiva que decía representar a los trabajadores del campo. El problema no es sólo la claudicación del Estado, amigo lector. Es la destrucción de un instrumento legal para desarrollar el agro y el país en general, que de la noche a la mañana fue anulado para satisfacer las estrategias del comunismo. Segmento que en estos días galopa para hacerse del poder, aprovechando las secuelas de sujetos electos por “el pueblo” para gobernarnos como el corrupto Humala, el cómplice PPK, el corrompido Vizcarra (sinvergüenza por donde se le mire), y un progresista rodeado de alimañas marxistas, como es Sagasti.

Es fácil seguir trayéndose abajo el país. Lo acabamos de ver. La amenaza comunista espantó a Sagasti. ¿Resultado? Impulsó la nulidad de una ley que había devuelto el éxito a nuestra agricultura, diezmada por la reforma agraria. Una ley que permitió convertir centenares de miles de hectáreas de arenales en las tierras más fértiles del territorio. Auténticos vergeles que lograron alcanzar una jamás imaginada producción agrícola, sumada a un indispensable, moderno, eficiente proceso industrial que facilita su exportación al exigente mundo globalizado. Bastaron cinco días para acabar con este patromonio. Cinco días de violencia y cierre de carreteras. Cinco días de anomia, culpa del presidente Sagasti porque lesionó la moral y disipilina policial para satisfacer a unos coyotes marxistas que le acompañan -como Costa, Basombrío, etc.- cuya meta es dirigir bajo sus dogmas el cuerpo policial en detrimento del resto de la sociedad. La ley derogada fue la verdadera reforma agraria que debió realizar nuestro Estado. Sin embargo como hemos tenido muchos más los malos que buenos gobernantes, ha sido el sector privado el que, por propia voluntad -asumiendo un colosal riesgo financiero- aceptó el reto tan sólo bajo un requisito. Que el Estado garantizase algo que es lógico: un regimen laboral propio para la agricultura, dado su carácter estacional. No obstante esta es la ley que temerariamente ha anulado la pasajera gestión Sagasti.

Un país con semejante inestabilidad jurídica –fuera de política, social y económica –no podrá jamás retomar la senda del desarrollo sostenido. Los inversionistas simplemente desdeñan a naciones de este calibre, plagadas de sinuosidades y engaños, sujetas al embate de una poblada manipulada por la elite comunista desesperada por hacerse como sea del poder. ¡Para no volver a soltarlo!