¿Cuánto vale la tierra sobre los recursos naturales del planeta? El poseedor informal no lo sabe. Tampoco la empresa que llega con su concesión bajo el brazo a comprar la tierras. Y menos lo sabe el Estado. Los tres fracasan en negociar una solución eficaz.

Solo el mercado puede determinar de manera equitativa cuánto vale esa tierra. Pero no el mercado local, donde la tierra no vale nada porque no hay competencia. Sin competencia el precio no puede formarse libremente. La determinación del precio se vuelve entonces una negociación imposible. La operación minera se traba y el recurso se queda bloqueado debajo. En esa condición hay 150 millones de millones de dólares en el planeta, más que el PBI sumado de EEUU y China.

No hay licencia social porque no puede haberla. Ante la imposibilidad, sin embargo, la astucia de las partes ha dado forma a una estrategia precaria: la venta que nunca termina.

Un ejemplo: la empresa ofrece un precio por la tierra y el poseedor –generalmente en algún lugar remoto al que toma horas llegar a pie- acepta sin mayores objeciones. Se firma un papel y eventualmente hay un pago. Luego asoma recién la realidad: la venta es incompleta, inefectiva, no ha transferido realmente la propiedad. El poseedor demanda ahora que la empresa le compre también su ”posición en la comunidad” u otro concepto similar. Sin este segundo papel, la comunidad no reconocerá la venta y la empresa no ocupará la tierra. Nuevamente se ha trabado la operación. Eventualmente, la empresa pagará también por la “posición en la comunidad”. Pero si luego de eso cree ingenuamente que ha accedido a la propiedad, no es así. “Falta pues, Papay, que me construyas una casa en el pueblo. Convenio 169 de la OIT, pues Papay”. Este diálogo no es una ficción. Tuvo lugar realmente y me fue referido por un ingeniero a cargo de comprar las tierras para una empresa minera en una comunidad de Puno. Un gran minero peruano me confesó algún tiempo después, luego de escuchar esta historia, que él había tenido que comprar cinco veces la misma tierra.

En suma, la licencia social es un proceso accidentado. Es imprevisible porque las partes no pueden confiar entre sí. Este es el logro de lo que De Soto ha llamado el Consenso de Ginebra, la respuesta política en los últimos 30 años al famoso Consenso de Washington. De allí la generalización indebida de la consulta previa como única alternativa.
Lo que De Soto ofrece al Perú para salir de la crisis actual “sin aumentar los impuestos, sin endeudar más a los peruanos y sin expropiar a nadie” -como ha escrito recientemente en su plan de gobierno- es escapar de esa trampa. Destrabar 37 mil millones de dólares de activos –en tierras y otros bienes bloqueados-. Es la cifra que ha calculado.

Lo fundamental, sin embargo, es que estos activos no irán a manos del Estado, sino a cuentas individuales de peruanos en calidad de accionistas de la propiedad de las tierras que están sobre los recursos. Ese activo inmenso será inscrito en las bolsas de valores mundiales donde las acciones de la superficie se cotizarán igual que las acciones de los recursos debajo. Se podrá comprar y vender las tierras de la superficie al precio que se forma en el mercado global de las bolsas de Nueva York, de Toronto o de Londres. No ya en el mercado local donde la venta no termina nunca.

Estamos hablando entonces nada menos que del nacimiento en el Perú de un mercado global de licencias sociales que permita destrabar los recursos naturales en todas las economías emergentes del planeta. Ese puede ser el aporte del Perú a la solución de la crisis mundial.

Así los bienes sin papeles del mundo emergente podrán llegar hasta los mercados financieros de papeles sin bienes que necesitan nuevo valor real. Son las dos caras de la misma moneda. Ese es el futuro.