El término “contexto de violación de derechos humanos” suele utilizarse para calificar como extremadamente graves algunas conductas típicas que por lo general tienen un tratamiento común, como es el caso de las lesiones, homicidios y agresiones sexuales. Dicho contexto es un elemento de naturaleza normativa que puede ser definido como aquel espacio y tiempo en el que se evidencian determinadas características como el abuso del poder estatal y el desprecio (por acción u omisión) de los valores y bienes esenciales como la vida, la integridad, la libertad, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, espacio en el que, por cierto, no se manifiestan vulneraciones singulares y aisladas, sino más bien masivas o sistemáticas.

El espacio regular en el que se presenta este contexto es aquel en el que se desarrollan golpes de Estado o dictaduras. Pero también los llamados espacios “democráticos” o “seudodemocráticos” pueden dar lugar a estas características. Un ejemplo de ello es Venezuela. Aunque hoy es poco probable hablar de golpes de Estado “puros” debido a las aleccionadoras consecuencias que dejaron estas tomas repentinas del poder en las décadas de los 70, 80 y 90 y que todavía perduran, somos testigos, sin embargo, de un nuevo contexto de violación de derechos humanos: el que proviene de la inacción y falta de responsabilidad durante el ejercicio del poder.

A causa de la pandemia de la covid-19, en el Perú tenemos hasta el momento 42,308 fallecidos (suponiendo que sea una cifra real). A esta cifra deben sumarse el número de personas contagiadas y en proceso de recuperación, más los desempleados y jubilados que no han recibido ningún apoyo estatal, los jóvenes de centros juveniles y los internos de centros penitenciarios que no tienen una justicia eficaz porque el servicio está colapsado. Al inicio de la pandemia era comprensible, como en todo el mundo, que no pudiera hacerse mucho para combatirla, pues no se conocían sus características y las consecuencias que podría generar. Pero luego de varios meses y muy cerca de cumplir un año desde que se descubrió el primer infectado de covid-19 en nuestro país, toca preguntar si se adoptaron las medidas gubernamentales necesarias, oportunas y adecuadas, considerando que el Perú estaba calificado como uno de los países de mayor desarrollo y mejores condiciones económicas.

Considerando la actual perspectiva nacional, la noción de “contexto de violación de derechos humanos” debe cambiar. Si bien antes era válida para identificar solo las aventuras del ejercicio del poder y los excesos provenientes de guerras, caos interno, entre otros, hoy debe incluir las omisiones conscientes, las reacciones retardadas e inoportunas, así como el despilfarro de los recursos públicos. La muerte de miles de peruanos debido a la escasez de balones de oxígeno, carencias para el control de la temperatura corporal, camas UCI y ambulancias, así como la inexistencia de centros de atención básicas de enfermedades comunes, a los que debe sumarse la falta de acción para proveer servicios básicos de justicia, educación y transporte, son evidencias tangibles de este nuevo contexto.

Tarde o temprano, los órganos de control del Estado y los que tienen la función principal de protección de los derechos fundamentales en nuestro país tendrán que dar cuenta a la ciudadanía de quienes son los responsables del agravamiento de esta crisis sanitaria por causa de su desidia y actos negligentes.