¿Un nuevo giro en el Gobierno versus el Congreso?

¿Un nuevo giro en el Gobierno versus el Congreso?

La reunión del presidente Castillo con el recién electo presidente del Congreso José Williams Zapata podría generar un nueva etapa en las relaciones del Poder Ejecutivo frente a su oposición democrática en el Legislativo. Es un juego delicado y complejo, que salió a su vez de las conversaciones grabadas al interior de una reunión partidaria de Alianza para el Progreso (APP), en la cual César Acuña Peralta, candidato a gobernador regional de La Libertad, le pidió a la entonces presidenta del Congreso, Lady Camones, que lo ayudara en la aprobación de un proyecto de ley para crear el distrito de Alto Trujillo, con el aparente objetivo de favorecer en su candidatura.

Semejante proyecto de ley tendrá una mayor o menor justificación y quizás responda al deseo de los habitantes de Alto Trujillo, pero por sí mismo no es ilícito. Sin embargo la divulgación del audio tuvo una connotación distinta y condujo a la censura de Lady Camones como presidenta del Congreso, así como a la posterior elección de José Williams Zapata. Revela también la creciente tendencia a generar trampas entre los integrantes del Congreso y asimismo a destruir la buena fe en sus relaciones personales. Sea quien fuera el responsable de esa clandestina grabación utilizada después para censurar a Lady Camones, señala un claro derrotero en el sentido de que en una conversación privada de esa naturaleza, sus interlocutores deben dialogar como si estuvieran hablando en público frente a cualquier escenario que los pueda perjudicar.

Es evidente que en la reunión del viernes 16 de septiembre entre el presidente Castillo acompañado de algunos de sus ministros con la Mesa Directiva del Congreso, hubiera sido lamentable grabar la conversación clandestinamente. En esa reunión se trató de los asuntos políticos que el presidente del Congreso José Williams Zapata informó con fines de transparencia y por respeto de la opinión pública. Que tal reunión se plasme en la aprobación de los proyectos que el Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso o de cualquier otro que fuera necesario para el desarrollo del Perú, es algo que depende de la voluntad de los congresistas expresada en sus votaciones. Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, debiendo cumplir a cabalidad funciones representativas, fiscalizadoras y legislativas, de acuerdo a sus conocimientos, formación política y toda la información pertinente recabada en las las respectivas comisiones para la aprobación o el archivo de los proyectos de ley. El secreto en las deliberaciones del Pleno o de las comisiones es algo excepcional que solo se justifica por razones de seguridad interna y externa del Perú.

Por ello, sin perjuicio de la confianza o censura que el Congreso vote con respecto de un gabinete ministerial o de un ministro en particular, su función fiscalizadora es indispensable e irrenunciable, debiendo plasmarse conforme a las normas pertinentes de la Constitución sobre la vacancia o suspensión del Presidente de la República, así como de las acusaciones que se le puedan formular con arreglo al artículo 117 de la Constitución. En ese sentido existe un juego de equilibrios entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que resulta crucial para el mantenimiento del Estado de Derecho y de la acertada gobernanza del Perú.

Mira más contenidos siguiéndonos en FacebookTwitter Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.