Un país con dignidad y sin impunidad…
Un país con dignidad y sin impunidad…
La imagen de un país en el cual el crimen organizado parece enseñorearse desde las más altas esferas del poder, desparramándose hasta la más recóndita base social, no es sino el reflejo de una nación sin fuerza moral y con una fuerza material deteriorada desde sus cimientos por una corrupción que va pudriendo todos sus goznes, volviéndola una estructura oxidada y paralítica que no atina a recobrar el camino de paz y seguridad que garantice el desarrollo de un pueblo sometido a cupos, tanto los que imponen funcionarios estatales corruptos como los que exigen, bajo amenaza de muerte, cualquier organización delincuencial cuyo fortalecimiento parece indetenible en el día a día.
Tal proceso destruye la dignidad del Estado como estructura de poder y de su nación como pueblo, en el cual la psicología colectiva va imponiendo una sensación de mayoritaria tolerancia frente al crimen, al ver que el crimen sí paga y que el enriquecimiento fácil, controlando el poder desde cualquier nivel, resulta una tentación difícil de resistir cuando el poder de corrupción se incrementa constantemente.
La recuperación de la dignidad nacional pasa por revertir esa imagen de control de poder a través de la corrupción. La lucha contra esta debe ser la principal prioridad del Estado.
El camino no es fácil porque, con el poder económico y el sometimiento social que han logrado acumular e imponer las organizaciones criminales dentro y fuera del Estado, el financiamiento de organizaciones políticas que sirvan como caballos de Troya para manipular nuestra débil democracia desde dentro y desde fuera del Estado, es una realidad imposible de ocultar y negar.
Es indispensable que el pueblo vuelva a creer que tenemos un sistema democrático de gobierno basado en el equilibrio de poderes con un sistema de justicia oportuno y eficaz, en cuyo escenario los controles internos, institucionales y funcionales tengan la suficiente capacidad moral y económica para frenar el avance de la inmoralidad.
El Legislativo no puede legislar de manera errática creando un marco normativo ambiguo y contradictorio que genera un constante conflicto de leyes, especialmente las penales, en el tiempo, a sabiendas de que el principio es la aplicación de la ley penal más benigna, cuya no tan confusa causa del desorden y caos legislativo está marcando una constante ruta hacia la impunidad.
El Ejecutivo tampoco puede seguir dando pésimos ejemplos a la población con una imagen de manipulación de los aparatos del Estado como escudos encubridores de actos que exigen explicaciones transparentes en una institucionalidad que merezca respeto.
Se requiere de un sistema de justicia autónomo e imparcial en el cual se resuelvan conflictos y se investiguen hechos, delictivos y no delictivos, con independencia, eliminándose cualquier atisbo de sometimiento a poderes que provengan del Estado o de lo que se conoce como sociedad civil organizada.
No es posible leer encuestas que muestran un Legislativo, un Ejecutivo y un sistema de justicia sin credibilidad social.
El peligro es que, realmente, la población ya no confía en nadie.
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