La Municipalidad de San Borja multó, recientemente, a la cadena de multicines Cineplanet al constatar que no brindaba accesos adecuados para las personas con discapacidad en su local del referido distrito. Esto que podría parecer un hecho aislado es, sin embargo, la expresión de una trama mayor, de un problema complejo que afecta a miles de personas que padecen de algún tipo de discapacidad y que no encuentran de parte del estado ni de la sociedad las facilidades necesarias para movilizarse y llevar una vida con calidad.

La persona con discapacidad “es aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad”, según como lo establece la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973.(La Ley)

La medida adoptada por las autoridades de dicho municipio visibiliza un viejo problema que requiere mayor atención de todos nosotros. Existe una ley especial para las personas afectadas. Fue creado, incluso, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) como órgano descentralizado del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, pero, a la luz de una realidad que nos lacera, no ha sido, al parecer, suficiente. No sólo que faltan recursos presupuestales y humanos para que lo señalado por la ley se haga realidad, sino que no existe un cambio radical en la sociedad que empiece por cómo mira y entiende el problema. Ello es muy importante.

Vimos, en la televisión, que la sala del local multado no tenía las condiciones adecuadas para recibir a personas con discapacidad. Esta limitación no es privativa, sin embargo, a dicho local. ¿Cuántos otros locales de difusión cinematográfica carecen de los asientos y ambientes especiales para las personas con discapacidad? Seguramente que ninguna o muy pocas. ¿Y qué hay con otros locales y lugares públicos? ¿Cuentan con los espacios adecuados o las facilidades necesarias para recibir, con calidez, a estas personas? Sin mucho esfuerzo, sólo hay que ver las calles, avenidas y veredas para llegar al convencimiento que la ciudad no les ofrece las condiciones humanas más adecuadas para que se movilicen.

La Ley señala en su artículo 3 que “las personas con discapacidad tienen iguales derechos, que los que asisten a la población en general, sin perjuicio de aquellos derechos especiales que se deriven de lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 7 de la Constitución Política, de la presente Ley y su Reglamento”. Tienen pues derechos reconocidos, pero que nadie parece reparar. La sociedad en su conjunto ignora los derechos de estas personas y olvida los deberes que debemos respetar para que una convivencia con ellos sea lo más inclusiva y humana posible.

Y lo más sensible es conocer aún, según el INEI, que 47 de cada 100 personas con discapacidad tienen 65 y más años de edad; es decir, los más vulnerables están en los grupos humanos de la llamada tercera edad de nuestra población, lo cual convierte el problema en una especie de hecatombe social y moral que debería llamarnos a la reflexión y movilizarnos en el cuidado especial de estos sectores de nuestra población.

Juez Supremo