La semana pasada, la propuesta para una nueva ley de cine, que reemplace el decreto de urgencia que dio Vizcarra, y que en su momento fue ratificado por el Parlamento, ha causado polémica por varios de sus planteamientos, que claramente no responden a la realidad de la aún incipiente industria cinematográfica peruana.
Con esa propuesta legislativa, por lo menos con su redacción actual, el Congreso de la República podría infligir un daño grave a la producción cinematográfica independiente en el Perú, la que ya tiene bastantes limitaciones y no ve cubierta su demanda de recursos a pesar de los Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura.
Por ejemplo, estipular que los recursos deben ser destinados exclusivamente a la grabación, no responde a la realidad de un proyecto cinematográfico, pues existe una preproducción y una postproducción que realizar, la distribución y la difusión de la obra son otros de los componentes fundamentales para que puedan representarnos en festivales y llegar cada vez a más público.

Una ley de cine, que no sirve a las pequeñas productoras en un país donde la industria cinematográfica es aún incipiente, y donde lo que hay son unas pocas agencias de publicidad que hacen cine, y que tienen la posibilidad económica y logística para entrar masivamente a las salas de cine o a las plataformas de streaming, terminará reduciendo la producción cinematográfica a esas empresas.
Las productoras dedicadas a hacer solo cine, al no generar productos publicitarios, se les dificulta conseguir recursos y suelen trabajar con lo mínimo, incluso muchas veces de manera autogestionaria.
Cuando estas productoras tienen proyectos grandes, un estímulo económico no termina de ser suficiente (ni siquiera el llamativo monto de este año, de 800 mil soles para largometrajes); un estímulo, en la gran mayoría de los casos, solo implica una semilla para la producción, que suele utilizar la autoridad que le dan los premios nacionales para buscar otros internacionales, que viabilicen la realización del proyecto. Hacer cine no es barato.
El cine es una industria, y las industrias, dan trabajo, abren espacios de participación, económica, social y cultural. Cuando las industrias son incipientes los Estados buscan la manera de salvaguardarlos para que se fortalezcan y se conviertan en un medio de desarrollo para los ciudadanos, incluso en EE.UU.
Lo único que logra una ley que no comprende a la industria cinematográfica peruana ni sus necesidades, es debilitarla aún más.

A pesar de todo el daño que Martín Vizcarra le hizo al país, el decreto de urgencia que se dio entonces y que fue ratificado por el Parlamento, fue el resultado de años de discusión del sector cultural con el Estado.
Si bien el marco normativo actual no es perfecto, pues la posibilidad de hacer cine sigue siendo restringida para la mayoría de los realizadores, además, de que los criterios de selección de las obras premiadas no son claros para la población, lo que genera dudas, más aún si resulta obvia cierta y marcada tendencia ideológica en la gran mayoría de la producción premiada los últimos años (algo que claramente daña estas iniciativas frente a la opinión pública), cualquier propuesta legislativa debería mejorar las condiciones de la norma, no limitar significativamente las posibilidades de la industria cultural.

La idea de que los caviares han utilizado la gestión pública y las estructuras del Estado para imponer agendas particulares desde hace ya más de 20 años está extendida en gran parte de la población, que de alguna forma está cansada de eso. Además, los probables conflictos de interés que se generan, como la del exministro de Cultura y de la PCM, que acaba de ganar un estímulo económico bajo las condiciones que fueron dadas durante el gobierno al que él representó (más allá de su talento y de las posibles cualidades del proyecto), contribuyen a generar suspicacia y fortalecer conceptos que dañan irremediablemente al sector cultural peruano, pues lo desnaturalizan y facilitan la aparición de narrativas maniqueas y reduccionistas.
Lo que debemos hacer, como país, y también desde la confrontación sociopolítica y cultural, es fortalecer al cine y asegurarnos de que cualquier apoyo a la industria que venga desde el Estado no tenga componentes políticos ni ideológicos ni vicios de corrupción, sino que sirva para realmente generar espacios de debate y participación, que permitan fortalecer la industria cinematográfica y cultural; lo que generará desarrollo para todos los peruanos.

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