Como bien lo describió Basadre, el régimen autoritario de Leguía significó el quiebre de la República Aristocrática existente en 1919.

Es cierto que durante el Oncenio se logró modernizar el país, avanzar notablemente en infraestructura e incorporar a las clases medias en los procesos de decisión política; pero también hay que poner en la balanza el inusual nivel de corrupción, la desvalorización de la administración de justicia y el quiebre del antiguo sistema de partidos que produjo violencia y radicalización en las dos décadas posteriores. Sin intentar compararlos, los procesos políticos de Augusto Leguía y Alberto Fujimori tuvieron similares consecuencias para nuestra siempre incipiente democracia; por ejemplo, la pérdida de las élites políticas que, con todos sus defectos y errores, estaban compuestas por dirigentes que habían recorrido el largo camino del esfuerzo, el estudio, la organización y la obediencia, encontrándose capacitados para participar y dirigir sus respectivos partidos políticos, y con ello, la experiencia necesaria para dirigir al país.

Un siglo después, otra ruptura del orden constitucional provocada por la imposibilidad de lograr un entendimiento político entre las agrupaciones formales, las fuerzas fácticas en la sombra, y algunas personalidades encumbradas por el azar, nos conduce nuevamente a la urgencia de volver a construir institucionalidad, una nueva élite política, un nuevo sistema de partidos, un nuevo pacto de respeto a las perspectivas diferentes a las creencias, prejuicios y tendencias que cultivamos aprensivamente en nuestras mentes, a fin de lograr el renacimiento de la verdadera política que consiste en debatir, negociar y tomar acuerdos en beneficio del bien común, bajo la sana premisa liberal de que nadie puede tener la razón en todo.

La verdadera importancia de las elecciones parlamentarias de enero de 2020 reside en poder comenzar a cerrar esta etapa de enfrentamiento y polarización para concentrarse en mejorar el modelo político-constitucional, cuya parte orgánica contiene debilidades importantes; consolidar la economía social de mercado como acuerdo fundamental y marco conceptual para graduar la intervención del Estado en la economía; finalmente, preservar al país de la corrupción con una mejor legislación sobre contratación con el Estado incorporando a una poderosa Contraloría desde el inicio de los procesos.

Con el inicio del 2020 se cierra un siglo de vergüenza y violencia, pero también de valor, esfuerzo y emprendimiento, debiéndose enfrentar el Bicentenario dando fe del aprendizaje realizado, renovando definitivamente a nuestra Nación con la promesa de un porvenir compartido.