El día 8 de diciembre aparecieron publicados en el Diario Oficial El Peruano, los Decretos Supremos 027-2020-EM y 028-2020-EM, en los que ambos declaran de “necesidad pública” la inversión privada en actividades mineras, dentro de los 50 km de la zona de frontera norte, y autorizan a una empresa minera peruana, con inversión extranjera –99.9966%- y de un peruano -0.0004%-, a efectuar actividad minera y adquirir en total veintiún (21) derechos mineros en esa zona del departamento de Piura. Como sabemos el Art 71 de nuestra Constitución señala de manera expresa que dentro de los 50 km de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas etc., “….directa ni indirectamente, individualmente, ni en sociedad….” Señalándose, como única excepción, el caso de “necesidad pública” expresamente declarada por Decreto Supremo, aprobado por el Consejo de Ministros.

La razón justificatoria de esta excepción en la Constitución es que solo por una probada y manifiesta necesidad pública, muy importante y distinta por cierto, de todas aquellas que el Perú tiene, y viene arrastrando permanentemente desde hace décadas, podría exceptuarse esta norma de “seguridad nacional”, ya que de lo contrario, no solo se estaría debilitando irresponsablemente dicha seguridad, sino que aquello constituiría un precedente nefasto, que podría lograr reducir la seguridad jurídica, en cuanto a la naturaleza de esta excepción, lo que devendría en algo deshonesto y peligroso.

Por eso llama poderosamente la atención que si bien en los citados Decretos Supremos se menciona el concepto “necesidad pública”, ninguno de los fundamentos con los que se pretende defender esta adjudicación de derechos a esa empresa minera justifica válidamente esta excepción a la regla, ya que los mismos están referidos a necesidades no cubiertas, que nuestro país padece históricamente, como es el caso -tal como se señala en aquellos decretos- de “el desarrollo de las zonas de frontera”, con el “consiguiente aumento del nivel de vida en dichas zonas”, “que la actividad minera se convierte en necesidad pública, en tanto constituye uno de los pilares de la economía nacional”, ya que “representa un importante porcentaje del PBI nacional”. Es decir nada distinto ni nuevo que pueda validar esta trascendental excepción.

Es también del caso señalar que este pedido ya se encontraba en trámite, en el primer semestre de este año, ya que como está referido en ambos Decretos Supremos, el Comando Conjunto de las FFAA se pronunció al respecto de modo favorable, en el ámbito de su competencia, con fecha 10 de junio del presente año, y sin embargo el expresidente Vizcarra nunca aprobó decretos autoritativos, lo que sí efectuó el presidente Sagasti a los 21 días de haber asumido el mandato presidencial. Por lo que cabría preguntarse el motivo por el que existiendo una prohibición constitucional expresa, cuya excepción no ha sido válidamente justificada, el actual presidente aprobó estos decretos con gran celeridad.