El Tribunal Constitucional tiene que aclarar la constitucional prerrogativa de disolver el Congreso que tiene el Presidente de la República, no hacerlo es dejar la institucionalidad peruana al garete. Sustento lo anterior comentando los artículos constitucionales referentes a la disolución del Congreso.

El Artículo N° 130 dice a la letra: “Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza”. Nótese que no se trata de una ley sino una política.
El N° 131 faculta, con el voto aprobatorio de más de la tercera parte de los congresistas hábiles, a interpelar al presidente del Consejo de Ministros o a un ministro. La interpelación no necesariamente puede terminar en una censura.

El N°132, obliga a renunciar al ministro, o todo el gabinete, si el censurado es el presidente del Consejo de Ministros. Esta censura requiere el voto de la mitad del número legal de los miembros del Congreso. Este artículo dice a la letra: “La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación”. Esto último debe ser aclarado porque la Constitución no debe permitir que el rechazo de cualquier tipo de ley pueda ser computado para la disolución del Congreso.

El N°133, textualmente permite que: “El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”.

El N° 134.- Permite al Presidente de la República disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.

En otras palabras, se puede interpretar que los artículos 132, 133 y 134 permiten que un gobierno obligue al Congreso, amenazándolo con disolverlo, a aprobar una ley. Esta facultad atenta contra la institucionalidad si, la Constitución y no el Reglamento del Congreso, no aclara los tipos de leyes que, de no ser aprobadas por el Congreso, permiten su disolución.
Para evitar conflicto de intereses, la Constitución y no el Reglamento del Congreso debe ser la norma que haga las aclaraciones mencionadas.