Mientras que a la mayoría nos preocupa el incremento de casos por covid-19 y reclamamos que las vacunas lleguen pronto y se administren de modo efectivo para salvar las vidas de millones de peruanos, hay quienes prefieren poner en cuestión el derecho a vivir.

Dos casos llaman la atención en las últimas semanas: primero las reacciones de algunas autoridades frente a la aprobación del aborto en Argentina y segundo el pedido de Ana Estrada de 44 años para que le sea aplicada la eutanasia.

En el primer caso, la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez del Frente Amplio publicó un mensaje en su cuenta en Twitter acompañada de la congresista Rocío Silva Santisteban, ambas puño izquierdo en alto y con mascarillas verdes (el color que distingue a quienes promueven el aborto). “Saludamos la decisión del Senado de Argentina de dar a todas las mujeres el derecho a decidir. Nos llena de esperanza y renueva nuestro compromiso para promover políticas integrales de educación sexual y que no se criminalice a las mujeres víctimas de violación”.

La presidenta del Congreso se olvida que la Constitución del Perú reconoce al concebido como sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

Cabe mencionar que tanto el Frente Amplio como Nuevo Perú insisten en un cambio integral de nuestra Carta Magna. Que no llame la atención que la primera acción sea cambiar la situación del concebido en la legislación peruana. Además ya son dos los candidatos presidenciales que se han pronunciado en favor del aborto: Verónika Mendoza de Juntos Por el Perú y Julio Guzmán del Partido Morado, lo que ha generado el #ConAbortoNoTeVoto.

Ana Estrada de 44 años padece de polimiositis, una inflamación muscular crónica, que la ha dejado paralizada y ha solicitado al Poder Judicial que se le permita la eutanasia. La Justicia aún no ha fallado, pero en la audiencia para ver este caso los procuradores de los Ministerios de Justicia y Salud se manifestaron en contra del pedido.

Ante esto, el ministro de Justicia Eduardo Vega se pronunció a favor de la eutanasia.

“El año pasado apoyé a Ana Estrada y la Defensoría del Pueblo en la lucha por una muerte digna. Hoy, como ministro de Justicia, sigo apoyando su causa. El procurador del Estado es autónomo en su estrategia legal sobre la que no puedo interferir”.

“Hoy como ministro de Justicia” dice Vega. ¿Acaso no sabe que sus opiniones dejaron de ser personales en tanto es titular de una cartera esencial como la de Justicia? ¿Es esta la posición del Ejecutivo?

El artículo 112 del Código Penal señala que “el que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”.

El ministro de Justicia es libre de tener sus convicciones personales, pero dado el cargo que ejerce no debe pronunciarse contra las leyes que nos rigen. Una autoridad no está por encima de la ley.

La vida del concebido y la del enfermo tienen la misma dignidad y merecen ser vividas.