Después de casi seis años de tortuosa investigación, el Equipo Especial del Caso Lava Jato ha formulado precipitadamente y festinando la actuación de diligencias de descargo, la acusación fiscal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal, pidiendo que se le impongan 35 años de pena privativa de la libertad.

Por todo lo trascendido sobre esta pesquisa, podría decirse que después de tanto tiempo, que vulnera cualquier plazo procesal razonable, la Fiscalía ha terminado pariendo un ratón o, lo que es lo mismo, un desaguisado que viola vergonzosamente el debido proceso.

La teoría –por no llamar hipótesis- del polémico representante del Ministerio Público y esperemos fallido aspirante a juez superior- es que PPK sería la cabeza o líder de una singular organización criminal integrada por su secretaria, su chofer y un gestor y empresario chileno y que a través de ésta habría lavado durante años más de US$ 12 millones disfrazados de honorarios por asesorías y consultorías financieras prestadas a la corrupta compañía constructora Odebrecht y otras mientras entraba y salía del cargo de ministro de Estado.

Lo insólito del asunto es que si esto resultase cierto debió ser imputado también del delito de colusión por supuestamente defraudar al Estado concertando con la empresa corrupta de marras y demás, pero no. ¿La razón? Porque en la voluminosa carpeta fiscal no existiría ni existe un solo medio de prueba (léase, declaraciones, testimonios, documentos, pericias, etc.) que acrediten esta defraudación contra la Administración Pública y más bien ello confirma el dicho del excapo de Odebrecht de que PPK fue una piedra en el zapato para sus negociados y un dolor de cabeza –misma migraña– para el Equipo Fiscal que incapaz de poder probar la trama de corrupción de funcionario, arma el insólito tinglado de lavado de activos mediante una presunta organización criminal sin siquiera demostrar el origen ilícito del dinero. Vaya atropello.

En fin, una cosa es el cuestionable requerimiento de acusación fiscal y otra lo que resuelva el juez. Confiamos que en la audiencia de control judicial se pongan los puntos sobre las íes y si se pasara a la etapa de juicio oral se haga justicia con la debida venda. Lo deplorable es que ni la absolución de PPK –como creemos que ocurrirá más allá de los errores en que hubiese incurrido–, reparará el vía crucis que le ha tocado sufrir. ¡AMÉN!

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