El cierre del año 2019 nos trajo la sorpresa de una ejecución presupuestal aluvional en los cuatro últimos días del año, nada menos que 3,214 millones de soles devengados, de los cuales el 48% correspondió al gobierno nacional y el 52% a los gobiernos regionales y locales.

Han pasado cerca de 15 días y desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no han dado explicación alguna. A nombre de la prédica moralista del Gobierno sería indispensable que señalen: ¿qué empresas han sido las beneficiarias?, indicando monto y concepto. Queda la legítima suspicacia luego de conocer que, en diciembre de 2014, funcionarios de este gobierno, que en aquella época ocupaban cargos en el gobierno regional de Moquegua, fueron capaces de pagar sin sustento a un consorcio participado por una empresa que formaba parte del Club de la Construcción -ICCGSA- la suma de 41.9 millones de soles, mediante 133 comprobantes de pago emitidos en un solo día.

De no mostrarse la justificación quedan dos posibilidades: 1) han pagado adelantos, para lo que tendría que haber un documento que lo sustente, basado en el contrato de obras o servicios suscrito con el Estado, o 2) están haciendo equilibrismo con las cifras, lo que sería también un hecho grave.

Pero no solo en el MEF se tiende el manto de la duda, también ocurre en el ministro de Energía y Minas, que tiene la responsabilidad de dictar la normativa sobre el precio de referencia de los combustibles, ex planta de las refinerías, con base en las cuales el regulador Osinergmin hace sus publicaciones semanales. En los últimos 15 años, la estatal Petroperú SA y Refinería La Pampilla SAA, de la española Repsol, vienen expresando su discrepancia sobre las publicaciones referidas, a las que consideran subvaluadas. Se ha llegado al nivel que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, hace su propio cálculo y muestra precios más elevados. Es como si la Asociación de Bancos publicase una tasa de interés de referencia discrepando del Banco Central de Reserva.

Una de las primeras tareas que debe ponerse como objetivo el nuevo Congreso es que, a través de la Comisión de Economía y de Energía, se convoque a especialistas del tema y se dilucide si existe manipulación de cifras oficiales.