¡Urgente: renunciemos a la CIDH!

¡Urgente: renunciemos a la CIDH!

El 7 de diciembre 2022, en mensaje a la Nación lanzado al mediodía por todos los canales televisivos -alegando un inexistente “reclamo ciudadano” y siendo aún presidente constitucional- Pedro Castillo arengó: “Tomamos la decisión de establecer un Gobierno de excepción, orientado a restablecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo aspecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República, instaurar un Gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso, se gobernará mediante decretos ley (…) Se decreta el toque de queda a nivel nacional desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal (sic) deberán entregarlo a la Policía Nacional en el Plazo de 72 horas (…) La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones, que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo, sin discriminación alguna”.

Si cerrar el Congreso, imponer un gobierno de emergencia, llamar a elecciones parlamentarias, gobernar a través de decretos leyes, decidir toques de queda, disponer la reorganización del poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional no configura, desde todo punto de vista, un golpe de Estado; y si tampoco contribuye a conformar esta misma realidad el hecho de decretar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se sometan a las órdenes de quien dispone esta ruptura del orden democrático, entonces quien piense así es un esquizofrénico que perdió la razón y necesita urgentemente internarse en algún hospicio psiquiátrico. Pues aunque usted no lo crea, amable lector, es este el argumento que esgrime un abogado argentino, apellidado Croxatto, vinculado a un juez de la CIDH (guarida de defensores de sendero luminoso), flamante letrado del golpista, corrupto, mitómano Castillo, para llevar su expediente a aquella corte supranacional al efecto que determine si dicho mensaje a la nación “configura, en forma estricta, un golpe de Estado”.

Simultáneamente, Croxatto confabula con miserables como el presidente extremista colombiano Petro, e igualmente carroñeros latinoamericanos (Boric, Fernández, Díaz Canel, Maduro, Ortega, AMLO, etc.) que bregan por forzar –vía el terrorismo regional y la CIDH- la incorporación del Perú a aquella meca de la podredumbre sudaca bautizada como socialismo bolivariano del tercer milenio.

Reiteramos, amable lector. Es hora que el Perú renuncie a la Comisión y Corte Interamericana de DDHH, órganos secuestrados por el comunismo regional.

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