Ante las amenazas del premier Walter Martos, de un golpe de Estado ejecutable por las Fuerzas Armadas contra el supuesto “golpe a la democracia y la gobernabilidad que implicaría que el Congreso declare la vacancia presidencial por incapacidad moral”, debemos recordarle al ministro lo siguiente:

1.- Declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente no solo es una atribución del Congreso, sino un deber de los congresistas para mantener el Orden Constitucional y democrático de la nación, según lo establece el art. 113 inciso 2 de la Constitución.

2.- No existen situaciones de excepción para mantener en el cargo de Presidente de la República a una persona que, demostrando incapacidad moral, pone en riesgo la conducción de los destinos de la nación; esto es, ni pocos meses para elecciones generales, o una pandemia en que han muerto miles de personas por la incapacidad moral del Presidente, evidenciada al haber sometido a la nación a protocolos genocidas, claramente arbitrarios e inconducentes a salvar a la población, los cuales se mantienen, debilitando aún más la salud de las personas obligadas a llevar durante todo el día mascarillas que les producen insuficiencia respiratoria, intoxicación por monóxido de carbono e infecciones en las vías respiratorias y otras enfermedades, sin acceso a medicinas que han sido retiradas de los hospitales, por órdenes extranjeras que sólo en los tribunales internacionales que juzgan crímenes de lesa humanidad podrán conocerse y sancionarse con cadena perpetua.

3.- El primer ministro sino disiente de las medidas adoptadas por el Presidente de la República y renuncia de inmediato, asume la misma responsabilidad penal que el Presidente en los actos de gobierno que impliquen delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Art. 128 de la Constitución

4.- Amenazar con el uso de las Fuerzas Armadas para impedirle al Congreso de la República cumplir con sus funciones constitucionales como es el proceso de vacancia presidencial, constituye una violación a los artículos 43 y 45 de la Constitución, e implica el delito de sedición, art. 347 del Código Penal.

La vacancia presidencial por “incapacidad moral” devuelve a la nación la gobernabilidad, que en este caso está acreditada fehacientemente, no sólo por los graves casos de corrupción probados, sino por someter al Perú a intereses extranjeros con el alto costo de la integridad y la vida de nuestro pueblo y la soberanía de nuestra nación.