Vacatio legis: componente procesal del código de responsabilidad penal de adolescentes

Vacatio legis: componente procesal del código de responsabilidad penal de adolescentes

La vacatio legis constituye un estado temporal de suspensión de los efectos de una norma hasta que se presenten determinadas condiciones previstas por el legislador. En el ordenamiento peruano hay varios ejemplos de la aplicación de esta figura jurídica. Uno de ellos se observa en la segunda disposición complementaria del Decreto Legislativo No. 1348, que aprobó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Esta disposición estableció la implementación progresiva de la parte procesal del referido Código en los distintos distritos judiciales del país, tal como sucedió con el Código Procesal Penal de 2004 (cuya implementación en todo el territorio nacional llevó más de una década). El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes sistematizó las disposiciones sustantivas y procesales para el tratamiento de los adolescentes que hubieran cometido infracciones penales.

El Decreto Supremo No. 003-2022-JUS estableció un calendario oficial para la aplicación progresiva del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Empezaría este año 2022 en los distritos judiciales de Lima Norte, Ventanilla y el Callao, y concluiría en el 2026 en los de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Puno, Moquegua y Tacna. Con todo, la parte sustantiva de este Código ya se está aplicando a los casos que involucran adolescentes infractores de la ley penal y hasta existen pronunciamientos jurisprudenciales que dan cuenta de esta situación de vacatio legis en la parte procesal (Casación No. 929-2020/Del Santa y Casación No. 2217-2021/Lambayeque). Por consiguiente, mientras su implementación no se lleve a cabo, se continuarán aplicando las normas procesales de la Ley No. 27337, cuya aplicación sería ultractiva. La demora en la implementación progresiva depende de factores como la elaboración de guías, protocolos y herramientas para viabilizar las normas procesales, la capacitación de los operadores y el financiamiento para la reforma.

La experiencia de implementación progresiva de normas procesales en nuestro país no ha sido la mejor. No solo por la dilación, sino también porque una vez implementados los cambios se siguen manteniendo prácticas de los modelos procesales previos y una cultura que pugna por conservarlas. La capacitación que pueda brindarse en estos temas juega aquí un papel importante. El modelo de proceso para adolescentes infractores de la ley penal según este nuevo Código importa el predominio de los rasgos acusatorios, con la consideración de tres fases: investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento (un proceso de conocimiento pleno), con el reconocimiento de un ejercicio público y privado de la acción dependiendo de la naturaleza de las infracciones imputadas.

El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes reconoce algunos institutos semejantes a los de un proceso penal, como son la reserva de las investigaciones, el control de plazos, el control de acusación y la terminación anticipada. Pero también incluye interesantes salidas alternativas como la remisión, los acuerdos reparatorios y mecanismos restaurativos. Estas figuras tienen una mayor connotación desde una perspectiva no solo de resguardo del debido proceso, sino también de una justicia especializada que tenga en consideración el principio de interés superior del adolescente y el de la mínima intervención.

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