Qué tal crisis de valores la que atravesamos en el Perú, aún todavía se encuentra vívido el censurable caso “Vacunagate”, la indignante vacunación de políticos, científicos, familiares y amigos, que usaron su poder o ascendencia para inocularse la vacuna china Sinopharm de forma privilegiada y a espaldas de la opinión pública; escándalo que obligara a renunciar a dos ministras de Estado y el despido de varios servidores públicos, sin dejar de citar el grave perjuicio a la imagen de una universidad privada especializada en las ciencias de la salud, además de la intervención de la Contraloría General, Fiscalía y Congreso de la República.

Cuando de pronto, distraídos por la proximidad de las Elecciones Generales, nos enteramos de otros “Vacunagate” (aunque en menor escala), en las Direcciones Regionales de Salud del interior y determinados Colegios Profesionales, a los cuales el Gobierno les ha facilitado lotes de vacunas, aun cuando escasamente están llegando al país instituciones que han venido inoculando a gente que no pertenece al grupo etario de adultos mayores ni forma parte de personal de la primera línea de atención de la covid-19.

¿Qué podemos decir a esto?, pues que el “mal ejemplo” ha cundido, la temeridad, el irrespeto por las normas, el desafecto por los más vulnerables, el desafío a la autoridad, parecen haber hecho presa a gran parte de nuestra sociedad. Duele comprobar que la degradación de los principios y valores ha penetrado transversalmente a todas las esferas, incluyendo Colegios Profesionales.

Pero estas cosas suceden también, y hay que decirlo, porque no se percibe “autoridad”, pareciera que por momentos en el Perú vivimos en “anarquía”, cada quien jala agua para su molino, se saltan normas, no se respeta el derecho de terceros, etc.; entre tanto las instituciones llamadas a poner “Orden” se limitan tibiamente a “exhortar”, a expedir comunicados lamentándose de los hechos ya consumados (actitud reactiva), a ofrecer “profundas investigaciones” que luego duermen el sueño de los justos o se manejan bajo “secretismo”, donde contadas veces se llega a saber de las sanciones y medidas correctivas a futuro.

Salvo la Defensoría del Pueblo que se ha pronunciado de estas irregularidades y ha accionado las alertas para que actúen las entidades fiscalizadoras, “aquí no pasa nada”, no aprendimos la lección del “Vacunagate”, no hay temor de la censura social, pareciera que tampoco de la cárcel, es insufrible escuchar las excusas cínicas de sus protagonistas.

Cuidado que el pueblo pierda la paciencia y tome la justicia por sus manos a falta de autoridad; no es lo correcto, claro está, pero a esa barbarie nos están llevando nuestros gobernantes y la parsimonia de las instituciones que administran justicia.