Esta idea, sin el signo de interrogación, fue lanzada por el distinguido embajador Oswaldo de Rivero. Confieso que en un principio la rechacé. Y me formulé la siguiente pregunta, ¿puede un Estado o una organización internacional obligar a los titulares de patentes a renunciar a sus derechos? Mi respuesta fue negativa. Sin embargo el planteamiento del embajador de Rivero ganó terreno. La Organización Mundial del Comercio (OMC), a pedido de muchos de sus integrantes, la acogió favorablemente. El presidente Biden también la hizo suya, aceptación secundada por el gobierno chino. Entonces el planteamiento de levantar las patentes está recibiendo un apoyo muy poderoso de un organismo internacional como la OMC, que es competente en el tema de propiedad industrial y de los gobiernos de los Estados Unidos y de China. Estoy seguro de que muchos estados, organizaciones internacionales como la OMS así como personalidades científicas y políticas, se adherirán a esa causa. Sin embargo, la industria farmacéutica en los países desarrollados se opone tajantemente a renunciar o suspender sus patentes.
La razón es obvia. La pandemia de la covid-19 afecta a todos los países, en particular a los más pobres, y algunos sufren grandes dificultades para comprar las vacunas. La India es un caso emblemático. Pero no solo la India, existe una larga cola en el Asia, África, América Latina y Oceanía. Sin embargo, esa razón no es suficiente. La legislación sobre patentes es bicentenaria. Estados Unidos es el país líder en ese campo. La inmensa mayoría de los historiadores atribuyen su desarrollo científico y tecnológico a su respeto por el derecho a la propiedad industrial. ¿Pueden los Estados suspender la legislación sobre patentes? Podría ser, pero las leyes de suspensión se aplicarían para el futuro, no para para las vacunas ya producidas.
No soy un experto en Derecho de Propiedad Industrial, pero sí conozco el Derecho Civil, en especial los Derechos Reales, cuya institución emblemática es la propiedad. Sin propiedad no hay derecho ni economía, ni dinero, ni crecimiento ni desarrollo. La República Popular China respeta la propiedad a pesar de que no es una democracia. Sin propiedad tampoco hay libertad ni democracia, porque la propiedad libera al ser humano de la tutela del Estado, que puede convertirse en insoportable tiranía. Las empresas productoras de las vacunas han reaccionado negativamente. No pueden ser obligadas pero sí persuadidas a renunciar, o quizás a flexibilizar sus derechos. Sin embargo, tenemos la gran incógnita. En el caso renuncien a sus patentes, ¿quién las obligará a producir vacunas para combatir a las nuevas cepas que azoten a la humanidad? Pregunta sin respuesta.

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