Las vacunas con las dosis del laboratorio chino Sinopharm contra la Covid-19 que favorecieron a un número aún no determinado de personas cercanas al poder, entre ellas el expresidente Martín Vizcarra, su esposa y hermano, y guardadas en el más severo secretismo, fue lo peor que debimos enfrentar esta semana, cuyos efectos tan letales, moralmente, despertaron en la población sensaciones de asombro, incertidumbre, indignación y rabia contenida en medio de una pandemia que nos tiene atemorizados a todos y esperanzados, precisamente, por estas y otras vacunas que debieron haber sido adquiridas el año pasado, como otros países vecinos lo hicieron.

Fue el periodista Carlos Paredes quien puso al descubierto este escandaloso caso al revelar que el presidente vacado, Martín Vizcarra se había puesto la vacuna entre setiembre y octubre del año pasado y lo mantenía en absoluto silencio. No formaba parte de los 12 mil voluntarios del ensayo clínico, como él nos quiso hacer creer. A partir del destape periodístico, la indignación recorrió el país como un tsunami. Se sucedieron confesiones públicas a través de las redes sociales y renuncias en los más altos cargos del gobierno. Los beneficiados con las vacunas fueron saliendo de a pocos, luego que se entregara una primera lista alcanzada oficialmente por la Universidad Cayetano Heredia.

A principios de semana, el presidente Sagasti informó haber recibido una lista de 487 vacunados que luego fue remitida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Congreso, a la Contraloría General de la República, al Congreso de la República, la Procuraduría General del Estado, la Comisión investigadora del Ministerio de Salud, entre otros, para demandar mayor información. La rápida reacción permitió saber que existía una nueva lista con otros beneficiados que el Ministerio Público viene procesando.

La indignación fue mayor cuando se supo que en pleno proceso de investigación para encontrar la ansiada vacuna y mientras el gobierno del presidente Vizcarra decía estar en tratativas con algunos laboratorios para la adquisición de las vacunas, él y cientos de personajes ya se habían administrado las dosis, mientras que en hospitales, clínicas y en los domicilios morían miles de peruanos por falta de medicinas, oxígeno y camas UCI.

La censura moral es unánime contra los responsables de administrar dichas vacunas y que no supieron cautelar el interés específico para las que fueron entregadas y permitieron, por el contrario, que se beneficien personas ajenas al proceso de investigación o que estuvieran expuestas al peligro del virus por el trabajo que realizan y sólo tienen el privilegio de moverse en las cúpulas del poder o cercanos a ellas. Las sanciones llegaron casi inmediatas: renunciaron a sus puestos el rector y otras autoridades de la UPCH, el médico que lideró el equipo de investigación fue suspendido en sus funciones, sectores estudiantiles exigieron la renuncia de las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dos ministros de estado del gobierno actual renunciaron a sus cargos.

Somos un país castigado no sólo por la pandemia sanitaria, sino por las inconductas de quienes estaban obligados a gobernarnos con respeto y dignidad. Ya casi no hay lugar para el asombro, después de todo lo que vamos descubriendo en el camino. Los valores empiezan a tener sentido en situaciones como las que estamos atravesando.

Hay necesidad de recuperar el contenido de la verdad, la transparencia, la honradez y, por cierto, de la justicia. Las generaciones que nos siguen tienen derecho a vivir en una sociedad diferente más digna y menos tormentosa que la que nos tocó vivir

Juez Supremo