Es innegable que la doctrina jurisprudencial emitida por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país ha establecido criterios cada vez más rigurosos para imponer una medida de prisión preventiva. En búsqueda de convertirla en una medida excepcional y que funcione como última ratio. Al respecto, surge una interrogante: ¿Qué condiciones deben darse para impulsar un pedido de revocatoria de la comparecencia con restricciones? El principio de alteridad o variabilidad que hoy rige las medidas cautelares penales allana el camino para que la situación del imputado cambie y con ello pueda imponerse, modificarse o revocarse la medida inicialmente dictada.
Por regla general, el procesado no debe estar privado de su libertad para responder ante la justicia. La modificación de su situación jurídica no obedece a la discrecionalidad del juzgador que tomará la decisión impulsada solo por el requerimiento fiscal, sino más bien a que en un Estado constitucional de derecho se requiere considerar presupuestos legales que deberán ser suficientemente justificados en el caso concreto y que evidencien la necesidad de cambio de la medida para neutralizar cualquier peligro contra el proceso.
Si bien es cierto que la situación jurídica del procesado puede variar para empeorar, para que ello suceda no solo bastará el incumplimiento de alguna de las restricciones impuestas. También es necesario que exista, por lo menos, una advertencia previa, así como evaluar la razonabilidad de la modificación. Respecto a este tema, nuestra Corte Suprema ya ha establecido criterios que fundamentalmente pasan por evaluar si en el caso concreto la medida de comparecencia ya no es suficiente para asegurar la presencia del sujeto y neutralizar el peligro procesal anteriormente citado.
Mediante la Casación No. 119-2016/Áncash, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia estableció como doctrina jurisprudencial que existen tres condiciones para revocar el mandato de comparecencia e imponer la medida de prisión preventiva: a) Los nuevos elementos surgidos de la investigación deben poseer contundencia acreditativa de nuevas condiciones; b) La necesidad de una evaluación actual de la capacidad asegurativa de la comparecencia con restricciones impuesta frente a las nuevas condiciones, la que incluye la verificación del cumplimiento por el imputado de las restricciones impuestas; y c) La determinación que dicha medida resulta insuficiente ante el colapso de su capacidad asegurativa frente a las nuevas condiciones. Según se observa, deberá establecerse en un caso concreto si existen razones para considerar que la comparecencia ya no es la medida idónea para asegurar la presencia del imputado.
La evaluación del peligro procesal también debe considerar una mirada al comportamiento que ha tenido el procesado antes del requerimiento de revocación y lo que falta por desarrollar. Asimismo, es ineludible observar la situación del hacinamiento penitenciario y el riesgo por la pandemia de la covid-19, puesto que ello importará realizar un examen sobre la necesidad de la medida y una ponderación en concreto, sin darle las espaldas a la realidad, pero principalmente teniendo en cuenta la responsabilidad que conlleva la privación de la libertad para alguien sobre el que todavía no recae una sentencia condenatoria.
La institucionalidad no se demuestra con el grado de severidad en la adopción de medidas. Más bien, se demuestra con la actuación oportuna y razonable. Pero principalmente, con el respeto de los márgenes o límites que impone el Estado constitucional.

Para más información, adquiere nuestra versión impresa o suscríbete a nuestra versión digital AQUÍ.

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter Instagram.