La judicialización de la política y la politización de la Justicia han hecho del Perú un país donde el ciudadano es indefenso. Basta discrepar con el poder político para ser su víctima sólo por oponerse a su supremacía. Reprobable tiranía que pone a este país en las antípodas del sistema democrático y del Estado de derecho, o imperio de la ley. La justicia politizada no es Justicia; como la política judicializada tampoco es Política. La fusión de ambos contextos los neutraliza, pervierte y consecuentemente inutiliza. Al respecto, el ex tribuno José Luis Sardón introdujo en la resolución de una contienda, zanjada por el Tribunal Constitucional, un criterio que, por razones jamás explicadas, no se aplica para proteger el derecho que tiene el ciudadano para que el Estado vele por la presunción de su inocencia. ¿Cómo así? Previniendo que, tanto el poder político como el mediático, violen el derecho de toda persona a que se respete el privilegio a su inocencia mientras el juez dirima sobre su culpabilidad u honradez.

El fallo elaborado por Sardón fue refrendado unánimemente por los demás tribunos. Fue respecto a un recurso de agravio constitucional a un ciudadano a quien se le exhibía como delincuente, cuando él apenas estaba siendo investigado porque la sala de Apelaciones había rechazado su habeas corpus. Sardón interpuso como dramático antecedente en aquella sentencia, el ejemplo del dos veces ex presidente Alan García: “Antes de ser vejado públicamente, prefirió suicidarse”, agregando que el 17 de abril 2019 “el Ministerio Público tocó la puerta del domicilio de Alan García acompañado no solo por agentes policiales, sino asimismo por por reporteros del principal canal de televisión y de la principal radio del país”

Es decir, precisó de manera descarnada, aunque certera, las funestas consecuencias que puede producir ese agravio que sufre un ciudadano cuando los poderes –fácticos políticos y/o mediáticos– vulneran su derecho a la presunción de inocencia, mientras la Justicia siga sin sentenciar sobre alguna de ambas. Más aún, el fallo en que Sardón intervino como ponente concluye de esta manera: “Disponer que, en lo sucesivo, las personas detenidas y sobre las que no se ha desvanecido la presunción de inocencia, deben ser tratadas y consideradas como tales, en tanto no existe un pronunciamiento definitivo por parte de las autoridades jurisdiccionales”.

No obstante en el Perú, donde nada el pájaro y vuela el pez, los fiscaletes Vela y Pérez Gómez han fijado, como cuestión previa a acusar al ciudadano que eligen (usualmente por razones políticas), producirle una escandalera pública sometiéndole a sus horcas caudinas para lincharle prevaricadoramente a manera de tortura, quebrándole moral y físicamente para luego hacerle cantar cual Pavarotti. Conocemos la conducta de esta dupleta de felones justicieros en los procesos a Fujimori, Castañeda, Yoshiyama, etc.; frente a los casos de Graña, Odebrecht, Villarán, etc. Escandaleras mediáticas para los primeros, silencio para los otros. ¡Alan García no les dio gusto! Perú perdió a uno de sus mejores estadistas. Alguien que, en estos momentos aciagos, evidentemente estaría liderando a nuestra desconcertada oposición política.

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