Uno de los avances en el derecho peruano ha sido el reconocimiento normativo de diversas formas de violencia contra la mujer e integrantes de grupo familiar y la inclusión de algunos tipos de violencia que inicialmente no fueron considerados. Tal es el caso, por ejemplo, de la violencia de carácter psicológico, así como también la de tipo económico o patrimonial.

El artículo 8° de la Ley No. 30364 establece los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El literal d) de este artículo 8° define a la violencia económica o patrimonial como la acción u omisión dirigida a ocasionar un menoscabo de los recursos económicos y patrimoniales de cualquier persona. Sin embargo, debido a que equipara lo económico con lo patrimonial se configura en una regulación inapropiada porque pareciera que se limita a sancionar aquellos actos que implican perturbación o despojo de la posesión y propiedad de bienes, pérdida, destrucción, sustracción y apropiación de bienes, valores y derechos de connotación patrimonial, limitación de recursos para la satisfacción de necesidades básicas y limitación o control de ingresos.

En un contexto de violencia de género en el que existen relaciones asimétricas y estereotipos, la violencia económica no necesariamente estará ligada al derecho que tiene la mujer o el integrante del grupo familiar sobre determinados bienes, valores y derechos de índole patrimonial.

También puede estar ligada a la limitación o restricción a la persona de ser su propia fuente de subsistencia o agente de producción, es decir, que la persona sea capaz de generar sus propios recursos como trabajador o dentro de una actividad independiente. La violencia puede llegar a impedir que una persona se desarrolle laboral o profesionalmente y ello implique una restricción para su mejoría desde el punto de vista económico. Las condiciones laborales inapropiadas o en desventaja respecto al tipo de labor y el mercado también configuran restricciones, cuestión que no se limita únicamente al ámbito familiar, sino también al del desarrollo interpersonal y social, pues la agresión también puede provenir del empleador.

Por el contrario, la violencia patrimonial sí nos conduce necesariamente a considerar la relación entre el sujeto y un bien, valor o derecho susceptible de apreciación, como sucede en el caso de la posesión o la propiedad.

Tanto la posesión como la propiedad son casi siempre objeto de actos de despojo, destrucción, perturbación, sustracción o apropiación, escenario que es muy frecuente en el ámbito familiar y que no solo afecta a la mujer, sino también a los integrantes del grupo familiar vulnerables, como es el caso de los padres o abuelos que son víctimas del despojo de sus pertenencias por parte de sus propios hijos o nietos.

En los delitos contra el patrimonio no existe una referencia específica a la presencia de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Únicamente se ha restringido la posibilidad de alegar como una excusa absolutoria la relación familiar (artículo 208° del Código Penal) en contextos de violencia familiar, pero no se ha reconocido ninguna agravante específica para delitos como el hurto, los daños, la usurpación o apropiaciones ilícitas.

Por otro lado, las afectaciones de carácter económico podrían recaer en acciones típicas como las coacciones, trabajo forzado, servidumbre o discriminación, pero sería interesante analizar si requieren un tratamiento específico.

También sería interesante examinar qué medidas de protección efectivas se pueden adoptar, por ejemplo, ante el despojo de la vivienda de los adultos mayores por parte de sus familiares. Como se observa, aún existen muchas mejoras por realizar.

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