Violencia por encargo

Violencia por encargo

No cabe ninguna duda que la llamada “toma de Lima”, es una recreación –analistas recuerdan que décadas atrás ese era un objetivo de Sendero Luminoso conforme al dogma maoísta de llevar su sangrienta revolución del campo a la ciudad- de la presunta organización criminal integrada por Pedro Castillo. Un mes antes del golpe de Estado ya se había lanzado esa “campaña”, que debía realizarse el jueves 10 de noviembre de 2022, con una amenaza directa a la fiscal de la Nación, al Congreso de la República y a los órganos de justicia con el objetivo no solo de mantener en el cargo y garantizarle impunidad al mal chotano sino de lograr la manoseada asamblea constituyente.
Dos meses después, el pasado jueves 19 de enero, la que iba a ser la enseña de los conspiradores contra el Perú resultó en un claro fracaso pese a que el Gobierno –creo más por debilidad que por estrategia- solo envió contingentes de policías con instrucción de soportar las agresiones y cuando más de impedir el desplazamiento a ciertos lugares de los encargados de la pretendida toma. Salvo algunas limitaciones –autoimpuestas como medidas de prevención por algunos estamentos sociales– hubo normalidad en las actividades cotidianas de la capital del país, sobre todo de aquel mayoritario sector popular que trabaja por el sustento diario. Ni siquiera consiguieron que se dé alguna muerte, como ya es descarado propósito para retroalimentar en una suerte de círculo vicioso su entraña violentista.
Tan no han conseguido los objetivos trazados que han prolongado sus incursiones a la vía pública a los siguientes días, ayer lunes por ejemplo en el Centro de Lima, prolongando también y causando aún mayor aflicción a centenares de personas que han sido traídas a Lima, incluso en condiciones penosas.
Es claro que dentro de los centenares de personas traídas a Lima, muchas de ellas han venido plenas de buena fe, convencidas que aquí podrían, ellas y sus dirigentes, hacer gestiones para obtener la satisfacción de demandas sociales que en sus pueblos no logran y que creen no logran por culpa de un monstruo ficticio creado, precisamente, por autoridades regionales y locales que con esa ficción encubren la propia incapacidad y hasta corrupción que impide que importantes recursos públicos beneficien directamente a su población.

Pero, mezclados con ellos, engañándolos e incluso azuzándolos para cometer actos de violencia, existen individuos financiados por el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción, con una agenda exclusiva de violencia. Estos tienen que ser identificados y perseguidos con todo el peso de la ley.