Viendo cómo estamos, seguimos creyendo que la vacancia presidencial de Vizcarra nos ha llevado de Guatemala a Guatepeor, con perdón de la gran cuna maya de Centroamérica. Pero eso es un hecho consumado y para nada cambia que la postulación congresal que ahora pretende el ex presidente resulte, por lo menos, una afrenta moral así no fuere ilegal.

Vizcarra se encuentra investigado por la Fiscalía y con impedimento de salida del país por la comisión de presuntos delitos perpetrados durante su anterior administración como gobernador de Moquegua y, también, por supuestos ilícitos penales por corrupción en el ejercicio de primer mandatario además de los que puedan sumarse derivados de la desastrosa y mendaz gestión estatal contra la pandemia de la covid-19 chino. Por esto último, la prensa internacional ha motejado su gobierno como el peor de todos a nivel planetario y lo estamos pagando los peruanos unos mucho más que otros.

Exagerado o no y se siente o no pronto en el banquillo de los acusados, Vizcarra por un imperativo ético no debiera participar en los comicios generales próximos. Sin embargo, ya que por mandato constitucional toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre judicialmente su responsabilidad, pues allí está muy orondo de candidato -al igual que otros- el investigado por graves imputaciones. Vaya caradura.

Existe más de una tacha en su contra por no haber renunciado a la función pública dentro del plazo legal. Mucho tememos que esta causal no prosperará ante el Jurado Electoral porque fue destituido del cargo posteriormente y en condición de ciudadano goza hoy del derecho de participación política.

Aunque tardío, hacemos mea culpa por apoyarlo en su momento y sirvan estos renglones para tachar su aspiración parlamentaria. Ojalá el rechazo ciudadano a su candidatura se generalice. ¡AMÉN!