Hoy se cumple un año desde ese día de vergüenza nacional en el que Vizcarra disolvió el Congreso por una supuesta “denegación fáctica” de la confianza; ello determinó que declarara a nuestra Constitución en cuarentena, aun antes de la pandemia. Nuestra ley de leyes agoniza asediada por la falsa ideología y la mala política. Este gobierno abraza la teoría del uso alternativo del derecho, vale decir, la legalidad sometida a los intereses del poder. En complicidad con las manos oscuras que lo controlan y con un manejo presupuestario discrecional de millones, Vizcarra goza de vía libre y ha puesto en venta la democracia, a cambio de permanecer en el mando.

La maquinaria para las elecciones de abril de 2021 ya está en marcha, pero que no nos sorprenda que encuentre o fragüe escenarios para diferirla. Si Vizcarra es capaz de calificar todo el andamiaje de mentiras montado con sus estrechos colaboradores para obstruir la justicia, como “inconvenientes” que dieron lugar a un innecesario capítulo de frustrada vacancia, si puede minimizar escandalosas inmoralidades, prorrogar el estado de emergencia hasta fin de año y conculcar libertades a los ciudadanos, es capaz de cualquier ingrata sorpresa.

La ley (hasta para el uso de una simple mascarilla) se ha convertido en un estorbo para Vizcarra. En una indefendible interferencia de poderes, invocó al Congreso que tomara con calma la elección del nuevo TC, que no se apresurasen, que sería aún mejor que dejasen dicha labor al nuevo Parlamento. Está comodísimo manteniendo a seis magistrados con mandato vencido desde el mes de junio de 2019, de los cuales cuatro son absolutamente genuflexos y parecieran cumplir el mandato del Ejecutivo, sin parpadear. No solo la persecución política y las absurdas prisiones preventivas dictadas por la Fiscalía son una ruptura del Estado de Derecho, la intromisión del gobierno y su control sobre el máximo intérprete de la Constitución es su quiebra absoluta. La ciudadanía está anestesiada, no se da cuenta que la única forma de conseguir verdadera democracia y libertad en un país es tener órganos de administración de justicia sin intromisiones.

El último episodio de las postrimerías del derecho, es una reciente resolución del TC que desconoce el artículo 103 de la Constitución que, con claridad meridiana, dispone que la ley no tiene fuerza ni efecto retroactivo. Vergonzoso acompañamiento de sus secuaces a la engañosa campaña mediática promovida por el gobierno. Decenas de portadas y programas periodísticos destinados a envenenar a la población contra los principales contribuyentes, (evasión dolosa y “perro muerto”) hablando de una deuda de S/ 10,000M que no ingresaría a las arcas del Estado para ser destinada a la construcción de hospitales, carreteras y colegios. La deuda aún no existe, no es exigible ni cierta, está en controversia. Lo que Vizcarra calla son los más de S/ 1,000 millones GASTADOS durante su gobierno para favorecer a su argollita moqueguana y adláteres con asesorías y consultorías de fantasía… y no ha construido un solo hospital.

Como bien señaló Ortega y Gasset: “la destrucción del derecho no puede producir sino el envilecimiento del hombre”. En esa ciénaga estamos.