Martín Vizcarra es un personaje que ha demostrado que todo lo puede. Fue vicepresidente del país, ministro de Transportes, embajador en Canadá, gerente de Operaciones de la Empresa C&M Vizcarra S.A.C, incluso fue más allá y mantuvo este cargo hasta cuando fue Presidente de la República. Bueno es tan osado y cree que las normas no deben aplicarse como a todos, pero debe ser consciente que tarde o temprano tendrá que pagar por los errores o delitos que esto implica. Como cuando se detiene en flagrancia a un delincuente y más de una vez se les ha oído decirle al policía que lo captura “ jefe ya perdí”.

Este es el caso de una infracción constitucional cuya denuncia en su contra ha sido declarada procedente, por 11 integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, y ello se debe a que esta denuncia ya no la pudieron archivar como las anteriores, pese a las pruebas adjuntadas. Es insalvable, injustificable e imposible de ocultar que Martín Vizcarra incurrió en Infracción Constitucional en cuyo artículo 126, tercer párrafo, los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privada y esto se prueba en los Registros Públicos.

Esta denuncia al ser declarada fundada por el Pleno del Congreso también debería inhabilitarlo para el ejercicio de todo cargo político, esa es la razón que lo preocupa, más aún si la prueba contundente de esta denuncia fue proporcionada el 11 de septiembre de 2019 por el hermano del Presidente, César Vizcarra Cornejo. Él ante la Comisión de Fiscalización, al encontrarse cercado por los documentos de Registro Públicos, aceptó que Martín Vizcarra estuvo registrado como gerente de Operaciones, sin éxito intentó justificarlo como un error administrativo. Fue una tremenda mentira, claro, una más pues este caso cobraría una mayor relevancia si se contrasta las declaraciones juradas correspondientes a los años 2010, 2016, 2020 y con su declaración jurada de interés.