Hace apenas cinco meses, el corrompido Vizcarra dijo esto referente a la reforma que aprobó el Congreso sobre la inmunidad constitucional al presidente de la República, a congresistas y ministros: “Es un ardid para mantener la inmunidad parlamentaria”. Se refería a que el Legislativo decidió reformar el mecanismo de la inmunidad congresal, ampliando su espectro al ámbito del presidente de la República. Y claro, le pisaban los callos a Vizcarra. Pero veamos. Según la RAE, inmunidad legislativa es la “Garantía de protección personal a los diputados y senadores que, de un lado, prohíbe su detención salvo en los casos de flagrante delito y, de otra parte, prohíbe el procesamiento y/o la inculpación sin autorización previa del órgano legislativo.” Los congresistas gozan de este privilegio por la modalidad de sus funciones. Ejemplo. Si alguna persona común y corriente imputa a un tercero de algún hecho no probado, automáticamente podría ser querellada por el aludido. Ahora bien, la competencia del los congresistas estriba, entre otras, en fiscalizar a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como al Ministerio Público y a los ciudadanos en general, sospechosos de haber participado en algún hecho que atente contra el Estado. Por ello el rol del legislador necesita ser amparado por un resguardo constitucional suficiente, que le permita acusar a quienes estime indispensable para cumplir con su labor fiscalizadora sin estar expuesto a ser demandado. Hay más. Constitucionalmente hablando, esa inmunidad no resguarda al legislador y/o presidente de delitos que hubiere cometido durante y en particular antes de acceder a su función como autoridad. En ambas tesituras, podrán ser investigados –inclusive durante el ejercicio de sus propias labores– y procesados por la Justicia.

Dicho esto, analicemos la sinvergüencería del mentiroso profesional Vizcarra. Mientras fue presidente orquestó una estrategia psicosocial –pagada con dinero público, amable lector– para destripar al Congreso y a los legisladores, demonizándolos al extremo del delirio. El Parlamento pasó a ser culpable de todos los males del país. ¿La razón? La meta totalitaria de Vizcarra consistía en fulminar al Congreso electo en 2016 y fabricar un clon, a su medida, guardando las apariencias democráticas. ¡Aunque él asumiendo facultades autocráticas! Falló. Porque el pueblo eligió un Legislativo ajeno al alucinado por este impostor. Después vino lo que conoció el pueblo. Vizcarra fue grabado por su propio entorno íntimo, ordenándole obstruir la Justicia desapareciendo evidencias de sus corruptelas en palacio. Simultáneamente, la Fiscalía avanzaba en sus pesquisas sobre el paso de Vizcarra por la gobernación moqueguana. Cantaron sus cómplices y develaron la verdad. ¡Vizcarra es un corrupto, que entre muchos vicios recibió millones del Club de la Construcción! Lo demás es historia. Hoy, este tipo pretende candidatear al Congreso únicamente para eludir la cárcel acogiéndose a esa inmunidad que tanto repudió. Si queremos mostrarle a nuestros hijos y nietos la urgencia de instituir un país libre de corrupción y ajeno a toda iniciativa dictatorial, Vizcarra debe estar prohibido de candidatear a cualquier cargo con inmunidad.

¡Comportémonos de una vez por todas como nación. No como algún país bananero!