En el marco de la planificación, se considera la inversión como un instrumento de primera magnitud para alcanzar los objetivos de desarrollo. En el Perú, la creciente demanda por fondos de inversión se enfrenta a una limitada disponibilidad.

El Estado, a través de la inversión pública, busca ejecutar inversiones que permitan operativizar y promover los cambios deseados en la estructura productiva, en la distribución del ingreso y en el desarrollo territorial.

La programación de las inversiones públicas surgió en la elaboración de los planes de corto y mediano plazo que preparaba el Instituto Nacional de Planificación (INP) desde 1972 hasta su desactivación en 1992.

Luego hubo un vacío en la programación integral, ya que cada ministerio elaboraba su programa de inversión; recién en junio de 2000 se estableció en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

El cierre del INP tuvo consecuencias significativas, ya que la falta de una entidad dedicada exclusivamente a la planificación permitió que se aprobaran proyectos sin un análisis riguroso de su viabilidad y necesidad dentro del contexto nacional. De ahí, la Interoceánica de Toledo, la refinería de Talara de Humala y otras inversiones sin mayor estudio.

Sin embargo, en el país, la planificación fue desacreditada vinculándola a la estatización. Este concepto se aprovechó para rematar diversas empresas estatales bajo la lógica de que, per se, lo privado era bueno y lo público era malo, como lo fueron los remates de la refinería La Pampilla (160 millones) y Aeroperú (23.1 millones), entre otros.

La reciente propuesta del nuevo Ministerio de Infraestructura en el Perú, planteada en el último mensaje a la nación y detallada en el proyecto de ley, subraya la importancia de planificar, coordinar, formular, ejecutar y supervisar las obras públicas de manera centralizada. Este ministerio será un organismo del Poder Ejecutivo con autonomía administrativa, económica, funcional y técnica. Además, promoverá la participación del sector privado y la inversión extranjera.

Siempre han existido retrasos en la ejecución, debido a problemas de diseño, financiamiento incompleto, falta de supervisión integral y problemas de corrupción, que han llevado a su paralización y, últimamente, a la pérdida de recursos públicos. En ese contexto, el año pasado (2023) el Gobierno creó la Autoridad Nacional de Infraestructura para destrabar los proyectos de inversión pública.

Sin embargo, en la actualidad, hay 12,200 proyectos por un monto global de 64 mil millones de soles que están detenidos y no tienen continuidad porque no han sido presupuestados. A pesar de haber gastado ya unos 4,200 millones de soles, lo que representa un valor hundido, estos proyectos, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales y locales, están detenidos.

Esta situación es consecuencia de una inversión pública dispersa, sin una visión estratégica integral y sin claras políticas sectoriales que eviten la corrupción.

Actualmente, Perú ocupa el sexto lugar de 18 países latinoamericanos en la evaluación del Pilar de Infraestructura, con puntajes bajos en calidad y eficiencia.

Por lo tanto, existe la necesidad significativa de mejorar la infraestructura para alcanzar estándares más altos de eficiencia y calidad.
La planificación del desarrollo e inversiones públicas es fundamental para garantizar que las obras de envergadura no se ejecuten de manera arbitraria, sino que se enmarquen en un Proyecto Nacional.

Esto es crucial para evitar que las decisiones se tomen únicamente en base al presidente de turno sin un análisis significativo. La centralización ayudaría a que los proyectos se ejecuten de manera coordinada y estratégica.

La planificación de las inversiones asegurará que los proyectos de inversión pública se realicen donde más se necesitan y que tengan un impacto positivo a largo plazo. La creación del Ministerio de Infraestructura representa un paso importante hacia la institucionalización de la planificación en el Perú, asegurando que el desarrollo del país se realice de manera ordenada y con una visión de futuro.

Existen varios riesgos que devienen de la falta de una evaluación más profunda, como las duplicidades y superposición de funciones, la administración de grandes recursos públicos, la negociación de financiamiento (Proinversión), el cierre de espacios a la corrupción, la reestructuración de procesos, el mantenimiento de altos gastos rígidos y contar con personal capacitado para la ejecución de proyectos regionales y locales.

Además, lo más probable es que el nuevo Ministerio de Infraestructura solo pueda iniciar sus funciones a mediados del 2025. Entre tanto, serán los ministerios, regiones, municipios y otros los que continúen ejecutando lo presupuestado.

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