Voto de confianza y algo más

Voto de confianza y algo más

Como era previsible, el Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al Gabinete Ministerial que preside Gustavo Adrianzén con 70 votos a favor, 36 en contra y 17 abstenciones. La correlación de fuerzas favorable al gobierno era, a todas luces, mayoritaria, mientras que la izquierda, con su variopinta composición, se mostraba interesada en negarle la confianza y volver por sus fueros de proponer la vacancia presidencial y exigir adelanto de elecciones. En este escenario de reproches recíprocos entre bancadas de izquierda y derecha, no pudo estar ausente el tema de los relojes Rolex que solía lucir la presidenta Dina Boluarte, hasta que fue descubierta por la prensa para convertir el hecho en un clamor nacional por transparentar el origen de dichos bienes, motivo por el cual es hoy investigada por la Fiscalía de la Nación.

Es habitual escuchar en el Parlamento Nacional intervenciones cargadas de mucha pasión y débiles, en su mayoría, de razonabilidad. Cada bancada y cada grupo político lo hace desde su particular mirada en razón a sus intereses partidarios o personales, según sean los casos y se presenten las circunstancias. Cuando se trate de la presentación de un Gabinete nuevo, por mandato de la Constitución, quien la preside lleva a dicho poder del Estado las propuestas que aspira llevar adelante el gobierno para enfrentar los problemas del país, así como las coyunturales que padece la población. Los congresistas toman nota y luego de debatir sobre la viabilidad de lo prometido, proceden a otorgarle el voto de confianza o a negárselo.

El presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, informó al Pleno del congreso que será de privilegio aquello que para la población resulta lo más álgido y crucial como es la inseguridad ciudadana. “En legítimo ejercicio de la autoridad que nos han confiado, vamos a aplicar una política de seguridad de mano dura, cuyos resultados esperamos que sean apreciados en el más breve plazo. Ningún delincuente, nacional o extranjero, generará el caos en nuestra sociedad”, precisó Adianzén en su discurso de investidura.

Para ello dijo que basará su trabajo en cuatro ejes principales: prevención integral del delito; control territorial estratégico; lucha contra el crimen organizado nacional y transnacional; y fortalecimiento y modernización policial. Anunció que, además, se ha dispuesto la creación de la División de Investigación de Delitos Transnacionales, integrada, contando con recursos excepcionales para enfrentar y desmantelar las mafias extranjeras que amenazan la tranquilidad del país. “Esta división trabajará estrechamente con el departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que se encargará de la capacitación de estos 300 agentes”, manifestó.
Entretanto, dos mociones de vacancia presentadas contra la mandataria no fueron admitidas en el Congreso de la República. Ambas iniciativas presentadas por pequeñas bancadas de izquierda no alcanzaron los votos necesarios siquiera para su admisión a debate. Las investigaciones iniciadas contra la presidenta siguen su curso en el Ministerio Público. La Fiscalía de la Nación amplió la investigación preliminar que inició contra la jefa de Estado por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el Caso Rolex. Se investigará también sobre los depósitos de origen desconocido que recibió en 11 cuentas bancarias, que suman poco más de un millón de soles, siendo directiva del Club Apurímac. La situación de la presidenta, ciertamente, se complica.

Lamentablemente, no se dijo la verdad desde el primer momento que se supo de los relojes Rolex. La presidenta ensayó muchas versiones. Ninguna de ellas creíbles, ni siquiera verosímiles. El caso creció y se constituyó en agenda permanente a lo largo de esta semana en los diarios tradicionales de circulación nacional y en las redes sociales, con las repercusiones de toda índole no sólo en el país, sino también a nivel internacional. Ahora la presidenta tiene tres carpetas fiscales abiertas, además de una denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides, por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves, por las muertes ocurridas, luego de la caída del golpista Pedro Castillo en diciembre de 2022 y enero de 2023. Las investigaciones fiscales, que esperamos sean céleres, tendrán la palabra final.

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