Todavía es imposible imaginar cómo terminará la crisis de la revocatoria presidencial. Pero la conclusión esencial es que un puñado de miserables ha vuelto a desgraciar a la patria ya atormentada por la pandemia y el desastre económico.

Los audios repentinamente publicados demuestran, en resumen, que el Perú está en manos de una organización criminal. Las grabaciones señalan indiciariamente que Martín Vizcarra es el capo que ordena la alteración de registros, pone y saca a funcionarios con criterio nepótico, tiene una vida privada poco clara (que solo importa porque es personaje público), está rodeado de gentuza como el tal Swing y que, en última, tendría hasta un “cajero”.
Además, por declaración del jefe del Gabinete, se reconoce que Vizcarra se reunió con dos partidos para evaluar la postergación electoral, lo cual sugiere un complot.

Incapaz de defenderse más allá de un mensaje arrebatado, Vizcarra ha recurrido a convocar, vía su PCM, el apoyo escenográfico pero amenazante de las FF.AA. No necesariamente porque se vaya a sacar tanques a las calles, sino porque con la sola presencia de cuatro efectivos en uniforme de faena, el mensaje golpista es clarísimo; igual al de septiembre de 2019 cuando se disolvió el Congreso.

La Constitución en estas circunstancias prevé que el Congreso dentro su autonomía haga un juicio político y decida si Vizcarra ha incurrido en incapacidad moral permanente (igual al caso de PPK). El reto es determinar si el gobernante actúa distinguiendo el bien del mal o si es un crápula. Eso, previa defensa igualmente política del imputado, nada tiene que ver con el subsecuente proceso de fiscal y judicial sobre los delitos que le imputan. La acción competencial ante el TC es imposible pese a los tribunos cómplices del régimen.

Entre tanto irrita que la clase política, desentendiendo la gravedad del asunto, haga cálculos subalternos para su beneficio miope como en Fuerza Popular y APP.

El empresariado mercantilista tampoco apoya la causa democrática. Sus comunicados sugieren: primero los negocios, no importa la patria. Borregos, trols, la progresía, ONG globalistas y la prensa prostituta defienden la ridiculez de que la vacancia hace daño en tiempos de pandemia y recesión. ¿Pero acaso la banda gubernamental ya no destruyó al Perú por su ineficiencia y corrupción? Y sobre las elecciones de abril, ¿alguien cree que se van a realizar y que habrá transparencia mientras siga en el mando quien desprecia el Estado de Derecho?