Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:





CONTROL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN UNA SOCIEDAD RECIENTEMENTE DEMOCRÁTICA (II)

En la edición del pasado domingo, el autor de estas breves líneas expuso su parecer en relación al Proyecto de Ley N° 1027/2016-CR, habiéndose comprometido a formular algu­nos alcances en torno al Proyecto de Ley N° 1120/2016-CR en la presente edición de fin de semana de este diario.

Pues bien, como ya se advirtió en la publica­ción de la semana pasada, el segundo pro­yecto de ley copia ad litteram el artículo 1° del primer proyecto, relacionado con el objeto de la norma. Ergo, las impresiones señaladas en este punto son perfectamente adaptables en referencia al segundo proyecto legislativo.

Más interesante es la modificación normativa en cuanto a las personas impedidas de ejer­cer cargos de dirección o funciones que pudieran inci­dir en la línea editorial del medio de comunicación. En efecto, el último proyecto de ley solo contempla como supuesto impeditivo a personas sentenciadas dentro de un proceso penal con ocasión de la comisión de un delito de corrupción en perjuicio del Estado. Esta idea parecería ser sugestiva, pues ya no se transgrediría el derecho fundamental a la presunción de inocencia que tiene todo procesado al interior de un proceso judicial.

No obstante, dicha propuesta normativa colisionaría con el numeral 4) del artículo 2° de nuestra Carta Fun­damental. Así, esta disposición constitucional prevé como derecho inherente a la dignidad de toda persona el derecho a fundar medios de comunicación sin impe­dimento alguno. Entonces, un sujeto de derecho con­denado con ocasión de la comisión de un delito de co­rrupción, podría fundar un medio de comunicación sin mayor obstáculo, pues la norma de máxima jerarquía al interior de nuestro ordenamiento jurídico dispone que el ejercicio de aquel derecho no se ve condicionado por ninguna causal. El derecho a fundar medios de comu­nicación no solo engloba el derecho a constituirlo, sino también el derecho a mantenerlo. En esa línea, la ausencia de impedimento no solo se presentaría ante supuestos de constitución, sino también de mantención de medios de prensa.

Entonces, a diferencia de lo que sucede en Chile, donde el derecho a fundar y mantener medios de comunicación está regulado por ley por así pre­verlo su Carta Fundamental, y lo reglamentado en Colombia, donde la radiodifusión es un servicio público que se encuentra normativizada por dis­posiciones legislativas por así señalarlo implícita­mente su Carta Magna; en el Perú, el derecho a fundar y mantener un medio de comunicación no se ve limitado bajo ninguna circunstancia. En pri­mer lugar, y a diferencia del país sureño, nuestra Constitución no contempla supuestos de limita­ción al ejercicio del derecho a fundar y mantener me­dios de comunicación; en segundo término, en contra­posición al país cafetero, de acuerdo a la Ley N° 28278, la radiodifusión no es un servicio público.

Así las cosas, nos permitimos concluir que a diferencia de otras experiencias jurídicas latinoamericanas, en el Perú el derecho a la libertad de expresión, información y opinión, se ejercen sin impedimento alguno. Todo con­trol a su ejercicio es posterior.

(*) Presidente de la Corte Superior

de Justicia del Callao





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