Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:





¡Dejemos de copiar por copiar!

El jueves último, nuestros Parlamentarios aprobaron en primera votación, con 103 votos a favor y ninguno en contra, la modificación a articulados del Código Penal que regulan las sanciones para los supuestos de violación de menores de edad. El dato importante, que ha despertado un reciente debate, es el relativo a la castración química. En efecto, esta probable modificación del Código Penal condenaría al sentenciado por abusar sexualmente de un menor de edad entre 10 a 14 años, a la pena de cadena perpetua; además, en estos casos, sumados a las violaciones de menores de 10 años, el Parlamento concede al Juez la facultad de decidir si además se impone la sanción de castración química.

¿Es válida y viable esta iniciativa legislativa? ¿Respeta los derechos fundamentales de la persona? ¿Es una medida que, además que combatir la alta tasa de incidencia delictiva, busca congraciarse con la sociedad civil?

Considero que, al menos por el momento, existen cuatro (4) razones fundamentales vistas desde diversos ángulos, que permiten evidenciar que, tal cual aconteció con la tristemente propuesta de pena capital, la castración química, por lo menos en la forma como es formulada, es de imposible aplicación:

Seguimos pensando que la solución se encuentra en la sanción del hecho ilícito; esto es, cuando el daño ya ha sido consumado y existe una víctima que, lamentablemente, vivirá durante gran parte de su vida con el recuerdo de la barbaridad sexual a la cual se vio sujeta. En efecto, especialmente en el ámbito de toma de decisiones, en muchas ocasiones, guiados por los buenos deseos de castigar a quienes cometen atroces fechorías, se busca punir con las más severas penas a los violadores de menores de edad; esta medida, sin embargo, solo presta atención a uno de los dos (2) sujetos involucrados en el acto de violación sexual: el agresor. Se descuida, pues, a la víctima. Y no se diga que la gravosa sanción piensa en los potenciales agredidos con la disuasión que causaría el coste de la pena altísima en el potencial violador; así, ¿acaso el robo y el asesinato son realidades que no se presentan en cualquier país del orbe que contemplen a la pena capital como máxima sanción posible? Es la historia la que demuestra que la tasa delictiva no disminuye por la sola presencia de penas elevadas, sea en países desarrollados como en vías de desarrollo.

Es en ese sentido que concordamos con lo expresado por el Presidente del Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodríguez Tineo: la solución no se encuentra en la punición, sino en la prevención, fortalecer instituciones básicas como la familia, brindar una educación integral y potenciar por fin la tutela de la salud mental. De este modo, evitaríamos realmente la alta incidencia de delitos atroces como la violación.

Incentivaríamos la violación cruel de menores de edad. Sería exótico creer que el delito de violación sexual se comete en la vía pública, tal como sucede, en algunas ocasiones, con los ilícitos de robo y homicidio, siendo, por consiguiente, una labor no complicada la identificación del sujeto agresor. De esta manera, esta ecuación no es practicable en los casos de violación de menores de edad: al ocuparse el agresor de consumar el acceso carnal sin ser descubierto, para lo que toma las previsiones necesarias para este propósito, lo cual genera, como es obvio, que la actividad investigaba se base, aunque no exclusivamente, en la declaración de la propia víctima, máxime si por su condición de menor de edad sería difícil predicar que su manifestación se vio inspirada en motivos de odio, resentimiento o enemistad, tal como fue expuesto, en su momento en el Acuerdo Plenario N° 0002-2005/CJ-116 y precisada por el Recurso de Casación N° 1179-2017/SULLANA (5° Fundamento de Derecho), de reciente data.

Pues bien, ante el peligro de no solo una drástica sanción de cadena perpetua, sino también de una posible amenaza a su integridad, el potencial violador se vería, lamentablemente, incentivado a cometer algo igual o más cruel que el acceso carnal forzoso: la privación de la vida al menor de edad cuyo testimonio podría ser clave para su identificación y posterior punición. El violador, entonces, pensaría que para evitar esas dos (2) graves sanciones, se podría privar de la vida al menor de edad a efectos que su individualización se convierta en una tarea harto complicada.

Entonces, antes de proteger a los menores de edad, una reforma que solo se base en leyes más severas terminaría por afectarlos, pues se crearían crueles incentivos a favor de potenciales criminales a efectos de que busquen la manera de operar el “crimen perfecto”.

Se atentaría contra el contenido esencial del derecho a la integridad. El Pacto de San José prevé en su artículo 5° que la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes están proscritos, así como el deber de respetar la dignidad del condenado a privación de la libertad. Anteriormente, los operadores jurídicos han dado una interpretación extensiva a la prohibición de torturas, no limitándola al escenario de obtención de información en base a la agresión. Igualmente, frente al escenario propuesto por los legisladores, cabría preguntarse si realmente la castración química impuesta respetaría la dignidad del sujeto privado de su libertad. Creemos que no. Ni el Estado ni los particulares pueden afectar la integridad de los sujetos de derecho. Solo existe un caso donde está permitido disponer de la integridad física: el artículo 6° del Código Civil establece que las personas vivas no podrán disponer de su propio cuerpo, salvo en cuanto no supongan una disminución permanente de la integridad física. Como vemos, la facultad de disposición de la integridad física solamente está reservada al titular de su propia integridad, y esta decisión excepcional se adoptará en los casos de afectación transitoria.

No se asume una verdadera responsabilidad ante la ciudadanía por leyes mal aprobadas. Con esta ley, el Congreso, indirectamente, causaría que la imagen del Poder Judicial se vea mellada cuando, ante la configuración de un caso de violación sexual de menor, el Juzgador, acorde con los principios de respeto de dignidad de la persona humana, no decida imponer la sanción de castración química que nuestros parlamentarios otorgan en concesión graciosa. ¿El resultado? Que la sociedad perciba que los Magistrados aparentemente no aplican las normas aprobadas por el Congreso (i); asimismo, que el Parlamento, al externalizar el costo que no quisieron asumir, lleve las miradas hacia el Poder Judicial al predicar que el Hemiciclo “ya cumplió” su trabajo de publicar la ley.

La solución al problema de la violación sexual de menores de edad no pasa por la “solución” menos costosa: la aprobación de leyes. Se piensa que con solo expedir leyes las cosas cambiarán. Nada más erróneo. El trabajo no solo debe concentrarse en el victimario post delito, sino también en la prevención integral. Como esta segunda alternativa es más costosa, muchas veces se opta por la aprobación de leyes que al final serán declaradas inconstitucionales por la manifiesta vulneración de derechos o dejadas aplicar por medio del control difuso de constitucionalidad. No debemos, pues, copiar experiencias jurídicas por copiar, sino evaluar las consecuencias de la adaptación de normas en esta dirección, ello a la luz de nuestros valores y principios constitucionales.

Probablemente, y a efectos de concretar la castración química, se podría evaluar que su cristalización pase por una opción voluntaria del infractor a cambio de una reducción del quantum de pena. Esta alternativa tendría que ser aplicada una vez acabada la privación de la libertad, pues durante el encarcelamiento perdería total sentido. Finalmente, esta opción no estaría privada de sentido, pues el Código Civil nos daría una salida al contemplar la disposición del derecho a la integridad física siempre que no se ocasione en la persona un daño permanente e irreversible.





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