Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:





DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. REFLEXIONES ACERCA DE UNA CONFIGURACIÓN MÍNIMA DEL DERECHO AL TRABAJO

El próximo martes se conmemorará un aniversario más de la valiente lucha de los Mártires de Chicago por el reconocimiento y la configuración humana del derecho al trabajo.

En época de la Revolución Industrial, la empresa, cual centro de producción por antonomasia, comunicaba capital y trabajo a efectos de la generación masificada de bienes y servicios, conforme al nuevo panorama decimonónico de creciente expansión de las necesidades y demandas materiales de la población, absolutamente distinta a las coordenadas de la economía feudal en crisis.

En un tiempo donde el Derecho del Trabajo y sus principios de tutela a la parte jurídica y económicamente más débil, no existía aún, la Ley Ingersoll abrió paso, por ese entonces, a una controvertida decisión en contra de los intereses empresariales: la oficialización de la jornada laboral de ocho (8) horas incumplida en la práctica por los empleadores que, conforme a las exigencias de la época, necesitaban que el capital se mantuviera activo durante largas jornadas diarias superiores a las dieciséis (16) horas para poder satisfacer a la demanda de sus bienes producidos.

El resto es historia conocida: ante el desacato empresarial, una huelga general de obreros estadounidenses derivó en la paralización de la producción industrial, represalias por doquier hacia los trabajadores que exigían el cumplimiento de la ley, ejecuciones al margen del debido proceso y, como no podría ser de otra manera, el reconocimiento y acatamiento práctico de la disposición legislativa por la cual se hacía realidad la consigna de lucha de los operarios resumida en el lema “Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa”.

Si bien es cierto hoy en día la actividad laboral se humaniza legalmente en este aspecto, aún hay mucho por hacer a fin de la real configuración de un derecho que, a la luz de las recientes necesidades sociales, dignifique a la persona del trabajador. En efecto, hasta hace poco más de un mes, el sueldo mínimo legal (SML) ascendía a S/ 850.00. Actualmente, este es de S/ 930.00; no obstante, y teniendo en cuenta que el costo de la canasta básica familiar nacional aumenta anualmente, la remuneración mínima todavía resulta insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de una familia promedio que, de acuerdo a cifras del INEI, en el año 2016 sumaba S/ 1,312.00.

¿Qué habría que hacer para revertir esta situación donde el SML es inferior a la canasta básica y, por tanto, no sería extraño pensar que esta desproporción afecta la alimentación balanceada y, por ende, el derecho a la salud entendida como bienestar orgánico y funcional de la persona?

Los economistas señalan un punto inflexible que impide emitir leyes que aumenten el SML por encima de los S/ 1.200.00: la generación de informalidad laboral provocada por la negativa del empresariado a asumir los sobrecostos que le impone el legislador.

Es verdad que de acuerdo al panorama actual de nuestra economía, imponer una disposición a través de la cual todos los trabajadores nacionales terminaran percibiendo un SML superior o igual a la canasta mínima familiar, acabaría por condenar a miles de peruanos al subempleo; sin embargo, esta objeción no impide una mayor responsabilidad estatal a efectos de que se priorice una efectiva vigencia del derecho a la jornada de ocho (8) horas diarias y, en caso estas sean superadas, a una compensación por las horas extra incurridas en el desarrollo de las labores de los operarios remunerados con el sueldo mínimo. Así, debido a la poca viabilidad de imponer un aumento del SML, el rol del Gobierno debe consistir en velar por el cumplimiento de las normas que procuran proteger a la parte más débil de la relación jurídica laboral. Este planteamiento que subraya un rol más efectivo por parte del Estado para hacer respetar sus disposiciones tiene que verse complementado, entonces, por un concreto actuar de las instituciones administrativas que desarrollan labores preventivas y sancionadoras en materia laboral.

Como es de verse, y esperemos que la fecha conmemorativa del Día Internacional del Trabajo sirva como reflexión de esta problemática, es imperioso que configuremos un efectivo derecho al trabajo, pues si bien es cierto este derecho social tiene carácter programático y, por ende, sujeto a las capacidades presupuestarias del erario público, este extremo no debe ser óbice para entender que la dignidad de los trabajadores peruanos exige, por lo menos, una efectiva vigencia de la jornada laboral de 8 horas diarias y, en el supuesto de SML, el pago de las horas extra prestadas.

WALTER BENIGNO RÍOS MONTALVO





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