Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:

ELECCIONES MUNICIPALES Y ¿FRAUDE A LA LEY?

  • Fecha domingo 3 de junio del 2018
  • Fecha 8:10 am

Comencemos rememorando un conocido dicho popular: “Hecha la ley, hecha la trampa”.

Parecería que con ocasión de las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, aquella frase estaría cobrando vitalidad con el transcurrir de los días, sobre todo si observamos el reciente ambiente político que poco a poco despierta el interés de la ciudadanía.

Así pues y hace unos días, los diarios presentaron cómo familiares directos de las actuales autoridades de distritos locales aspiran a ser elegidos en el cargo de alcalde. Incluso, actuales cabezas de comunas postulan a la alcaldía de otros distritos.

Una apreciación prima facie de estos supuestos nos ofrece el siguiente dato: indirectamente, quienes hoy ejercen la autoridad de alcaldes distritales, al amparo de mecanismos que no estarían prohibidos por la Constitución ni por la legislación electoral de la materia, aspirarían a seguir vinculados al ejercicio del poder que encierra la autoridad gubernativa, optando para tal efecto por herramientas indirectas que, por lo menos formalmente, descarten su condición de futuros alcaldes de las comunidades en las cuales vinieron ejerciendo jurisdicción.

Ahora bien, como se dijo, esta práctica política no se encontraría proscrita por nuestras normas; es más, parecería que ni siquiera una aplicación analógica o finalista de leyes electorales permitiría invalidar esas postulaciones, pues el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil es claro al señalar que la ley que restringe derechos no es aplicable por analogía; dicho en otras palabras, la ley (en este caso, la Constitución) que limita derechos políticos (en este caso, la reelección inmediata) no es aplicable a supuestos afines (en este caso, la postulación a cargos vinculados con el poder ejercido o que se ejerció dentro de una comuna municipal).

Vista así las cosas, podríamos advertir que la valla que se propuso imponer nuestro sistema electoral habría sido saltada, pues al no haber sido previstos aquellos comportamientos que buscarían la misma finalidad de la reelección inmediata, la restricción a los derechos políticos, en nuestro actual contexto normativo, no encontraría justificación.

No obstante, y con el único objetivo de hacer docencia y abrir un fructífero debate sobre el tema que comento, señalamos lo siguiente: ¿sería esto correcto? Al respecto esbozamos la siguiente idea, sujeta lógicamente a las posibles opiniones favorables o no de otros actores: si bien es cierto las normas electorales no prevén esta clase de prohibiciones, su finalidad no parecería, cuando menos en primera instancia, dejar margen de duda: evitar que quienes ocuparon cargos de elección popular se vean directa o indirectamente vinculados a sus anteriores funciones públicas en los gobiernos municipales. Al respecto, en la mayoría de los casos la historia demuestra que la perpetuación en el poder durante sucesivos periodos corrompe su ejercicio.

Con la misma vocación pedagógica continuamos nuestro análisis señalando que en otros países, junto con la previsión de aplicación por analogía de normas excepcionales, el fraude a la ley se convierte en una salida para evitar que actos amparados en una norma legal contravengan una finalidad perseguida por el ordenamiento jurídico en su conjunto. Al respecto el artículo 6° del Título Preliminar del Código Civil español es un claro ejemplo de la convivencia entre prohibición de aplicación por analogía de normas excepcionales e invalidación de conductas que buscan defraudar normas de orden público.

Si bien es cierto, nuestro ordenamiento jurídico nacional no prevé una norma similar a la del sistema jurídico español, no menos cierto es que los operadores jurídicos, en su labor aplicativa del derecho, también pueden crearlo, sobre todo si de proteger el orden público se trata. En efecto, la protección del orden público es un valor del ordenamiento jurídico que subyace en el artículo V del TP del CC.

Sin embargo, aplicar una institución jurídica implica una serie de costos y beneficios que el operador jurídico, al momento de analizar su concreción, debe evaluar con suma ponderación en relación con las consecuencias de sus decisiones. En este extremo concluimos, señalando que corresponde, pues, esperar cuál será la respuesta que nuestros Jueces Electorales brindarán a los fenómenos que nuestro reciente panorama político nos presenta. En cualquier caso, estamos absolutamente seguros que su labor interpretativa y aplicativa de las instituciones legales será respetable, pues en su historia el Jurado Nacional de Elecciones ha estado dirigido por magistrados que han sabido proteger el sistema democrático y los derechos políticos.

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