Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:





ERRORES MATERIALES. ¿PUEDEN JUSTIFICAR LA MODIFICACIÓN DE ASPECTOS SUSTANCIALES DE UNA SENTENCIA (CONSTITUCIONAL)?

Mediante resolución del 5 de abril de 2016, el Tribunal Constitucional (TC), en una ajustada votación, declaró subsanar la STC N° 1969-2011-PHC/TC al haber considerado que este fallo contuvo un error material.

La sentencia del 14 de junio de 2013 emitida en mayoría por los anteriores integrantes del TC, declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus presentada en favor de José Santiago Bryson de la Barra y otros; y, en consecuencia, declaró nulo el auto de instrucción solo en el extremo que aperturaba proceso penal calificando los hechos investigados como crímenes de lesa humanidad.

El razonamiento del voto en mayoría de la sentencia era el siguiente: Si bien es cierto que el TC no tiene prima facie competencia para subsumir comportamientos humanos en determinados tipos delictivos, por ser aquélla atribución de la justicia ordinaria, excepcionalmente sí puede efectuar un control constitucional de la resolución judicial que declara que un determinado comportamiento constituye (o constituiría) crimen contra la humanidad. Esta facultad de control excepcional de constitucionalidad se justifica por cuanto aceptar el poder persecutorio del Estado ad infinitum constituiría una grave lesión al principio constitucional de seguridad jurídica (c.fr. FFJJ 41, 42 y 43).

Bajo tal premisa, la sentencia en mayoría denegó la calificación de delito de lesa humanidad a los hechos acaecidos en la isla El Frontón en junio de 1986, pues, de acuerdo al voto en mayoría, el hecho investigado no se enmarcaba dentro del elemento contextual de aquella clase de gravísimo ilícito internacional; esto es, no cumplía con el requisito de ser un ataque sistemático contra la población civil (c.fr. FFJJ 60, 61, 62 y 66).

Al propio tiempo, el exmagistrado Juan Vergara Gotelli expidió su fundamento de voto de la sentencia que declaró fundada en parte la demanda de hábeas corpus. En síntesis, el ex juez constitucional señaló que, de acuerdo a la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, la figura del delito contra la humanidad resulta inaplicable a hechos anteriores a la entrada en vigencia y/o ratificación por el Estado peruano de los tratados de la materia. En tal sentido, continúa el exmagistrado, se lesionó el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales al no haber explicitado el juez ordinario por qué soslayaba sin ponderación de ningún tipo la aplicación de normas constitucionales y convencionales que sancionaban la irretroactividad de la ley penal desfavorable (c.fr. FFVV 9 y 21).

Ahora bien, de acuerdo al artículo 5° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los magistrados no deben dejar de emitir sus votos en favor o en contra de la fundabilidad de la demanda. Así, los fundamentos de voto y los votos singulares se emiten juntamente con la sentencia. Lo anterior ha sido complementado por el magistrado Sardón de Taboada en los siguientes términos: “Los magistrados firmamos una sentencia cuando estamos de acuerdo con su fallo aunque discrepemos de su fundamentación. Basta que estemos en desacuerdo con algún punto del fallo, para que no firmemos la sentencia y alcancemos un voto singular” (SARDÓN DE TABOADA, Fernando. En: El Comercio, edición del 12 de noviembre de 2017, p. 36).

Tras esta breve síntesis de los hechos acaecidos en el 2013, es oportuno preguntarnos si el actual TC estaba facultado para corregir el supuesto error material contenido en el punto 68 del voto en mayoría, conjuntamente con la primera disposición de la parte resolutiva de la sentencia.

Para este propósito, es menester recurrir a la doctrina procesal a fin de saber qué cosa significa exactamente incurrir en error material; así, una destacada procesalista nacional acota que una resolución judicial alberga un error material cuando contiene “errores numéricos y ortográficos, como cálculos numéricos y equivocaciones en las referencias de las personas, por citar, se debe decir actor y se dice reo” (LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil: análisis artículo por artículo. Tomo III. 3° edición. Gaceta Jurídica, Lima, 2015, p. 269).

Definido en estos términos aquella institución procesal, cabría interrogarnos ¿realmente la supresión del FJ 68 y del primer punto de la parte resolutiva de la sentencia emitida por el anterior TC, podrían ser asimiladas a la corrección de un error material? Si aquel considerando y aquella disposición de la sentencia del 2013 concluyen que los supuestos delitos cometidos en junio de 1986 no constituyen ilícitos contra la humanidad, soslayarlos equivaldría a ir en contra de su substancia, máxime si los cuatro exmiembros del TC que con sus votos conformaron sentencia estuvieron de acuerdo bien en base a argumentos sobre el fondo (Mesía Ramírez, Álvarez Miranda y Calle Hayen sostuvieron que los hechos ocurridos en el caso El Frontón no califican como delitos de lesa humanidad por incumplir con el requisito de ataque sistemático), bien en base a argumentos garantistas-procesales (Vergara Gotelli consideró que la figura del delito de lesa humanidad resultaba inaplicable para los casos anteriores a su entrada en vigencia en el Perú, la cual se dio recién a partir de inicios del decenio 2000-2009) que a los exmarinos no se les debía procesar bajo los alcances de un ilícito de naturaleza procesal imprescriptible.

Sin perjuicio de lo expuesto, es importante traer a colación lo dispuesto por el artículo 14°de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Este dispositivo normativo prescribe que los magistrados del TC no responden por sus votos emitidos durante el ejercicio de su cargo. Bajo tal contexto, consideramos que toda propuesta de acusación constitucional contra los cuatro (4) actuales miembros del TC, debería ser analizada, al interior del Legislativo, desde una visión profundamente democrática, sin apasionamientos políticos desmedidos, a fin de que la decisión final, sobre su procedencia o improcedencia, sea el resultado de una valoración consciente y con visión de futuro y a la luz de los valores anteriormente indicados, esto implica que de lo contrario no se respetaría la institucionalidad democrática del país y se escucharían voces que estimularían aquellas escenas producidas hace dos (2) décadas que jamás se deberían repetir.

Juez Chirito





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