Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:





INCUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD. ¿A TOMAR LAS ARMAS?

Como todos sabemos, el pasado 1 de octubre se realizó un referéndum en Cataluña a fin de consultar a la población si desean separarse del gobierno español y, consecuentemente, integrar un nuevo Estado.

¿Imagina usted, amable lector, que Ayacucho, Arequipa, Cusco, Loreto, Madre de Dios o Puno deseen emprender un grito de independencia a efectos de formar sus propios Estados distintos al peruano?

Las razones que arguyen los separatistas catalanes tienen los más variados tintes; desde económicos, pasando por políticos y culturales. Por ejemplo, los independentistas acotan que forman una nación distinta a la española y, por eso, deben contar con un territorio en donde ejercer soberanía; la recaudación fiscal catalana traslada en exceso los ingresos percibidos a las comunidades más pobres, impidiéndose así una redistribución sectorial que mejore más la calidad de vida de los catalanes.

No estoy seguro si el argumento cultural es suficiente para promover una separación de Cataluña. Si esto fuera cierto, en el Perú, distintos lugares que albergan diversas culturas serían declarados como Estados independientes.

El criterio económico parece ser el más delicado, pues en la historia de la humanidad las revoluciones sociales siempre se desataron principalmente por esta clase de móvil. Es aquí donde el gobierno español debe tender puentes y no negarse tajantemente a dialogar con Puigdemont.

Como señalan algunos especialistas, esto es solo una parte del verdadero conflicto que vive España como ejemplo de democracia europea débil: movimientos separatistas valencianos se encuentran a la expectativa de lo que suceda en Cataluña, pues de llevarse a cabo la independencia de esta comunidad autónoma, los demás lo tomarían como ejemplo en futuros intentos de separación. Entonces, lo que suceda en Cataluña servirá tanto a Puigdemont como a Rajoy para brindar una respuesta mediata a los intentos independentistas tejidos en otras comunidades.

El fraccionamiento del cualquier Estado es un asunto delicado en cualquier parte del mundo. Las consecuencias políticas y económicas son graves para el gobierno central. En tal sentido, la carta política española prevé en su artículo 155.1°, ante este tipo de situaciones, la facultad del Estado para adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma a cumplir con la legalidad del país. Esto, en palabras desprovistas de expresiones ornamentales, significa que el gobierno español está autorizado para hacer uso de sus fuerzas armadas, toda vez que la unidad territorial es un valor de relevancia constitucional.

No obstante el mandato autoritativo, esperemos que las cosas en España no tengan que llegar a estos extremos, pues qué duda cabe que ante esta eventualidad el mayor perjudicado será la sociedad civil.





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