Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:





INDULTO Y GOBERNABILIDAD

Hace poco se ha escuchado decir, con razón, que en el Perú la política no descansa ni en fiestas de fin de año. En efecto, durante las dos (2) últimas semanas, nuestro país ha vivido un proceso de crisis política que casi acaba con la vacancia del Presidente de la República dentro de un procedimiento político que duró tan solo unos días. Afortunadamente, para los intereses de nuestro sistema democrático, el Presidente de la República no fue vacado al no haberse podido alcanzar los votos necesarios para que deje Palacio de Gobierno.

Asimismo, concedió indulto al expresidente Alberto Fujimori. La decisión ha sido polémica porque ha despertado un vivaz debate en todos los sectores de nuestra sociedad, desde nuestros políticos, pasando por juristas, periodistas, analistas políticos, hasta la sociedad civil y los colectivos de derechos humanos.

Como consecuencia del indulto, el pasado 28 de diciembre [siete días después de la no vacancia del Presidente] muchos colectivos se congregaron en la Plaza San Martín y en la Plaza Dos de Mayo, en Lima, así como en las plazas de armas de las provincias departamentales, a efectos de protestar contra la medida de gracia concedida por nuestro Mandatario. Incluso, irresponsablemente se ha dicho que él ha dejado de ser ya el Presidente de todos los peruanos, olvidando que esta investidura solo cesa por las causales expresamente previstas en nuestra Constitución.

Estos últimos eventos han venido acompañados por renuncias de funcionarios públicos de alta dirección y congresistas de la bancada oficialista.

Finalmente, el último jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó el indulto concedido por nuestro Gobernante a Alberto Fujimori, acotando, además, que el Estado peruano está incumpliendo las normas de derecho internacional a la que nos hayamos vinculados.

A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha citado a una audiencia para el próximo 2 de febrero, a efectos de supervisar el cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Es innegable que la decisión del Presidente de la República es irrevocable (salvo en los supuestos de simulación de las dolencias corporales, pues solamente en esta hipótesis es anulable la gracia presidencial; como antecedente de ello tenemos el caso de Francisco Crousillat), no obstante, esta decisión de perdonar las condenas y fenecer los procesos penales, debe estar en el marco del ordenamiento jurídico internacional y, asimismo, cumplir con los principios de imparcialidad de la junta médica y de la debida motivación de los actos de la autoridad, sean o no judiciales, pues estas garantías no son sino manifestación de los principios constitucionales y convencionales de los que el Perú forma parte. En efecto, si bien es cierto las medidas excepcionales, como son el indulto y el derecho de gracia, son de ultima ratio, cuya fuente es el acto del Jefe del Ejecutivo, aquellos, por más que provengan de la máxima autoridad estatal o del representante de todos los peruanos ante las instancias internacionales, deben obedecer a los márgenes de debida motivación, pues nuestro modelo democrático y del respeto de los derechos fundamentales nos distingue de los decimonónicos actos del Rey que no debían basarse en fundamentación alguna al obedecer a cuestiones de mera arbitrariedad.

Es en atención a ello que la Corte IDH ha convocado para febrero próximo a una audiencia extraordinaria donde, tras escuchar al Estado peruano, CIDH y a las agrupaciones pro derechos humanos, adoptará una decisión en relación a si el Gobierno nacional ha incumplido con los mandatos del derecho internacional.

Desde esta columna, nosotros solamente nos limitaremos a mencionar dos cosas: primero, que la concesión de un indulto humanitario debe verse respaldado en las razones que nuestro ordenamiento jurídico sanciona, teniendo siempre en consideración el principio de humanidad de la pena y la proscripción de consecuencias jurídicas que pongan en peligro la vida del condenado; en tal sentido, este tipo de medidas que se inspiran en presupuestos axiológicos no deben verse motivados por acuerdos políticos que tergiversen su fundamento; segundo, independientemente de la decisión que tome la Corte IDH, su mandato debe ser acatado por el Estado peruano, y, a su vez, los operadores jurídicos que decidirán la convencionalidad o no del indulto y del derecho de gracia, deben adoptar un dictamen basado en principios jurídicos, al margen de toda subjetividad.

Esperemos que el fallo a emitir por la Corte de San José sea el punto culminante de este grave estado de crisis institucional, por cuanto mientras nuestro Perú se sume en una ola de manifestaciones y contrariedad a nuestras instituciones, no podremos progresar en aspectos macroeconómicos y de lucha contra la corrupción y la pobreza, aspectos que deberían interesar a dedicación exclusiva a nuestros gobernantes.





ico-columnistas-1-2018

Más artículos relacionados





Top
“Moqueguanos” pierden poder en el Ejército

“Moqueguanos” pierden poder en el Ejército