Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

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INSEGURIDAD CIUDADANA Y RESTRICCIÓN A LA PROPIEDAD

El último martes, un transitado jirón del Centro Histórico de Lima fue escenario de un intento de robo que dejó como saldo una persona fallecida.

La sensación inmediata que genera a uno enterarse de este tipo de sucesos en pleno corazón de la capital es, por lo demás, preocupante: una zona rodeada de vehículos y personas, que se vuelve difícilmente transitable todos los días del año y, por lo tanto, complicado terreno al momento de emprender una eventual huida, es ahora un ambiente atractivo para los ladrones inescrupulosos y deseosos de apropiarse del producto del trabajo obtenido con sacrificio por gente honesta ajena al crimen.

Ante este panorama, el ministro del Interior ha declarado que próximamente su sector presentará un proyecto de ley cuyo objetivo será prohibir el transporte de dos (2) adultos varones en una moto lineal. La idea obedece a que en la gran mayoría de crímenes perpetrados a través de aquel medio de transporte, confluye la cooperación de dos (2) sujetos varones.

Una motocicleta es un bien mueble susceptible de dominio; por lo tanto, el dueño de esta clase de cosa tiene la facultad de usarla, en principio, como mejor le parezca. A su vez, al participar dentro del género propiedad, todo límite a su ejercicio debe pasar por el tamiz del artículo 72° de nuestra Ley Fundamental. Así, toda restricción al ejercicio de las facultades inherentes a la propiedad, se justifica en razones de seguridad nacional. La Constitución no lo señala expresamente, pero recurriendo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), al momento de limitar el contenido de un derecho fundamental (como efectivamente lo es el derecho de propiedad), necesario es aplicar el test de proporcionalidad compuesto por tres elementos: test de idoneidad, test de necesidad y test de proporcionalidad en sentido estricto.

¿Una ley que pretenda restringir temporalmente la forma de uso de una motocicleta “pasaría con éxito” el test de proporcionalidad? La respuesta es discutible, no obstante, antes de emprender la búsqueda de una solución, el Gobierno tendrá que acreditar cómo el bien jurídico seguridad ciudadana se optimiza restringiendo una de las facultades de la propiedad que recae sobre una moto lineal. A efectos de obtener una respuesta lo menos arbitraria posible, cabría observar experiencias vecinas. Así, según detalla el especialista en seguridad ciudadana César Ortiz Anderson, una medida similar se adoptó en Colombia, no obstante, los índices de sicariato que aquejan a este país vecino no se redujeron.

Por tanto, a fin de combatir frontalmente la delincuencia, es oportuno preguntarse: ¿Realmente el proyecto de prohibición planteado por el Ministerio del Interior, contribuirá a reducir significativamente la tasa de criminalidad?

Esta y otras impresiones pueden formularse contra la declaración brindada por el titular de aquella cartera.





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