Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

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LA LIBRE ELECCIÓN DE LOS PADRES DEL ORDEN DE LOS APELLIDOS DEL HIJO. ¿JUSTICIA “ALFABÉTICA”?

El pasado 15 de noviembre fue presentado por el grupo parlamentario Nuevo Perú el Proyecto de Ley N° 2137/2017-CR denominado “Proyecto de Ley para la inscripción y libre elección de apellidos de las personas”. Esta propuesta legislativa tiene por objeto modificar ciertos artículos del Código Civil que regulan el derecho al nombre, a fin de consagrar el derecho de los padres a elegir mutuamente el orden de los apellidos que transmitirán a sus hijos.

De acuerdo a la exposición de motivos del aludido proyecto de ley, se busca que “las madres tengan opción para que sus hijos lleven sus apellidos dejando atrás las costumbres patriarcales impregnadas en nuestra sociedad”. Esta propuesta se sustentaría “en principios/derechos constitucionales, tales como la igualdad consagrada en el artículo 2° (…) de la Constitución”, así como en el literal g) del artículo 16° de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que dispone que marido y mujer tienen los mismos derechos personales, poniendo particular énfasis en el derecho a elegir el apellido familiar. Finalmente, la propuesta normativa se inspira en determinados sistemas jurídicos como el argentino, brasileño, ecuatoriano, español, mexicano y uruguayo.

Tras esta breve exposición sobre los puntos esenciales del proyecto de ley, es necesario acotar que este contiene un defecto de técnica legislativa cuando en la propuesta de sustitución del artículo 20° del Código Civil se plantea que son los progenitores quienes elegirán el orden de los apellidos del menor. Así, se “debe distinguir el progenitor del padre” porque “el progenitor es el que da la carga genética; pero no (necesariamente) la persona de la cual se derivará la relación paterno-filial”, de esta manera, tratándose del progenitor, se concluye que “el menor tendrá derecho a conocer a su progenitor (y ese derecho queda ahí); pero no se deberían derivar otros efectos jurídicos (filiación, alimentos, derechos sucesorios), efectos que sólo surgen de la relación paterno-filial” (ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las Personas. Concebido y personas naturales. 7° edición. Editorial Rodhas, Lima, 2014, p. 676).

Sin perjuicio de la anterior atingencia, la gravedad del proyecto de ley se da a partir de lo que convenimos en llamar “justicia alfabética”. En efecto, el proyecto de ley menciona que cuando los padres no se ponen de acuerdo respecto al orden de los apellidos del nacido, este se determinará colocando como primer apellido aquel cuya primera letra tenga una mejor ubicación en el alfabeto, en comparación con el otro apellido correspondiente al otro padre; así, por ejemplo, si el apellido del padre es Suárez; y el de la madre, Jiménez, el orden de los apellidos del menor será Jiménez Suárez.

De suyo, este último extracto de la propuesta normativa no encuentra antecedente alguno en el Derecho Comparado. Así, ordenamientos jurídicos como el ecuatoriano, español y uruguayo contemplan como regla que el nombre del menor se integra por los primeros apellidos de los padres, precediendo el apellido paterno al apellido materno. En estos sistemas jurídicos, se consagra una excepción a esta regla. De este modo, si ambos padres así lo deciden, el nacido puede tener como primer apellido el de la madre y como segundo apellido el del padre; sin embargo, esta posibilidad solamente se da en el supuesto de que exista un acuerdo entre los titulares de la relación paterno-filial, pues ante la ausencia de él, por expresa disposición de la ley, el primer apellido del menor será el del padre.

El Derecho Comparado no ofrece como única alternativa que ante la falta de acuerdo entre los padres del nacido, deba ir necesariamente el apellido del padre como primer apellido. Así, el proyecto de ley de reforma del artículo 58° del Código Civil para el Distrito Federal sanciona que ante la falta de acuerdo de los titulares de la relación paterno-filial, corresponde al Juez del Registro Civil decidir qué apellido paterno de los padres del menor irá primero en su nombre.

De la descripción de las experiencias jurídicas ecuatoriana, española, mexicana y uruguaya, no se advierte que ante la falta de acuerdo entre los padres, el primer apellido del nacido se determine por el orden alfabético del apellido de aquellos. Este proyecto de ley resulta sumamente cuestionable en este extremo por cuanto se deja al simple azar la elección del primer apellido del menor. De proseguirse con esta propuesta, seríamos, muy probablemente, el primer ordenamiento jurídico que define un derecho de la persona atendiendo a la sola suerte.

Al mismo tiempo, de continuarse con esta solución ante el desacuerdo de los padres en torno a la elección del primer apellido del nacido, no sería descabellado pensar en lo absurdo que sería que los varones y las mujeres busquen relacionarse sentimentalmente con personas cuyos primeros apellidos se ubiquen en las últimas letras del alfabeto, pues de este modo se aseguraría que el apellido sea transmitido al hijo.

Llegados a este punto, no queremos que se nos confunda. La propuesta legislativa es importante porque constituye un intento de equiparar los derechos del hombre y de la mujer a efectos de que ambos participen en la determinación del nombre del hijo; sin embargo, y ante el desacuerdo de ambos, la solución no debería pasar por la sola fortuna, pues de esta manera, por intentar solucionar un problema, caeríamos en otro cuyos efectos los veríamos reflejados en un corto plazo.





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