Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:





LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO A LA VANGUARDIA DE LA REFORMA DEL TRANSPORTE

El numeral 1) del artículo 81° de la Ley Orgánica de Municipalidades prevé un conjunto de funciones a cargo de las municipalidades pro­vinciales en temas de transporte público. Todas estas atribuciones se pueden resumir en un rol regulador que tiene como principal objetivo la organización del transporte en beneficio de los pasajeros y peatones. En dicho contexto, en ejercicio de estas atribuciones, la Municipalidad Pro­vincial del Callao emitió la reciente Ordenanza Municipal N° 005-2017 del pasado 13 de marzo, en cuyo texto se prevén, entre otras bondades, la renovación del parque automotor y la fiscalización de las unidades mó­viles que desarrollan el servicio público de transporte de pasajeros, en la provincia chalaca.

En efecto, de acuerdo con la citada ordenanza municipal, vehículos con más de 10 años de fabricación dejarán de brindar paulatinamente el servicio público de transporte de personas. Como se dijo al inicio, esta medida beneficia directamente a pasajeros y peatones. A los primeros porque podrán acceder a un servicio más moderno que les permita ser transportados cómodamente; a los segundos, la renovación del parque automotor “expulsará” del mercado a vehículos que a causa de su ma­yor antigüedad constituyan un potencial peligro para la seguridad de las personas debido a accidentales (pero no inevitables) vacíos de freno. No está de más agregar que la renovación del parque automotor contribuirá a reducir los niveles de contaminación actualmente existentes.

En cuanto a la labor fiscalizadora, realizada en coordinación con la Po­licía Nacional del Perú, se tiene previsto que las unidades prestadoras del servicio público de transporte de personas cuenten con equipos de control que comunicarán en tiempo real eventos tales como excesos de velocidad, paradas en sitios no autorizados, ubicación geográfica del ve­hículo, cambio de recorrido, entre otros. La primera impresión que nos genera la adopción de estas medidas, es positiva: ahora los transportistas ya no podrán variar unilateralmente (y en algunas ocasiones sin previo aviso) las rutas de transporte en perjuicio del pasajero que en no pocas oportunidades tiene que aceptar las condiciones del servicio impuesto indebidamente. El mecanismo que permitirá la labor fiscalizadora y pre­ventiva de eventos que perjudican a los pasajeros, está constituido por la Tarjeta Electrónica de Operación (TEO), instrumento que desde ya debe ser instalado en las unidades vehiculares prestadoras del servicio públi­co, conforme a lo expresado por Miguel Gonzales Huapaya, gerente de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao.

Probablemente el lector atento se pregunte si esta última medida puede constituir un serio riesgo en perjuicio del consumidor: la instalación del TEO genera un costo que bien podría ser trasladado al pasajero. Creemos que tal amenaza es injustificada si atendemos al hecho de que el gasto por su instalación es de 200 dólares a cambio de una vigencia de 5 años; esto es, aproximadamente 0.12 centavos de dólar o, lo que es lo mismo, 0.40 centavos de sol diarios. Estos datos fueron proporcionados por la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao a nuestro asesor legal de presidencia hace unos pocos días.

En general, el balance es positivo: se adopta una política de prevención de accidentes de tránsito y respeto a los derechos del pasajero, todo esto incurriendo en costos que no deberían ser trasladados al consumidor por su exigua trascendencia económica. Con esto se confirma que el Callao es un ejemplo en lo que a reforma del transporte público se refiere.

(*) Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao





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