Walter Ríos Montalvo

Walter Ríos Montalvo

Columnista Invitado III

Acerca de Walter Ríos Montalvo:





¿LEY DEL EMBUDO?

El título de esta columna no está referido a alguna norma escrita emitida por el Poder Legislativo. La expresión “Ley del embudo” es una frase acuñada en el lenguaje popular para hacer referencia a una situación de injusticia caracterizada por el trato disímil que se puede brindar a determinados personas frente a otras ante escenarios parecidos, por cuestiones exclusivamente arbitrarias y carentes de sustento objetivo.

Vamos a procurar explicar esta idea que en una primera impresión puede parecer complicada de entender.

En diciembre y marzo pasados se iniciaron dos procedimientos de moción de vacancia por incapacidad moral contra el expresidente de la República. Para fundamentar esta extrema medida que podría haber implicado serias consecuencias para la institucionalidad y economía nacional, se señaló que el exmandatario no podía seguir gobernando ante las (hasta ahora supuestas) mentiras de sus afirmaciones contrastadas con las fuentes de información actuadas en la Comisión Lava Jato. Finalmente, como se sabe, antes de que el Congreso aprobara la vacancia, el exgobernante dimitió del cargo.

A inicios de la presente semana, la Comisión de Ética del Parlamento, en una batallada votación, decidió archivar la denuncia entablada contra una congresista representante del departamento de Áncash. Generalmente cuando se absuelve a un congresista investigado por la presunta comisión de un acto que contrariaría la dignidad del cargo que ostenta, se acusa a quienes lo absolvieron de haber blindado al culpable. Esta vez las cosas parecerían ir hacia el mismo sendero, pues de los seis (6) decisores, tres (3) congresistas de la misma bancada a la cual pertenece la investigada, decidieron archivar la denuncia.

El argumento de los otros parlamentarios integrantes de la misma bancada de la investigada, se sostuvo en afirmaciones tales como: “no hubo prueba contundente” o “nos puede gustar o no sus decisiones, pero son ellos las que la toman de forma autónoma”. Ante estos pareceres, es menester recordar que la investigación contra la congresista representante de Áncash se basó en una serie de hechos oficiales que contrastan frontalmente con la legalidad y existencia de los certificados de estudios secundarios presentados al momento de su postulación como parlamentaria; asimismo, hasta ahora no se ha establecido quién ordenó el depósito de S/ 10,000.00 a la cuenta corriente del exprofesor de la parlamentaria días después de que éste declaró ante la Comisión de Ética. ¿Acaso es una mera coincidencia el traslado de una mayúscula suma de dinero? Más aún: ¿Acaso no tiene relevancia que la persona que depositó aquella cantidad sea el padre de uno de los excolaboradores más cercanos de la parlamentaria?

Otro hecho importante que se debió valorar al momento de tomar una decisión de trascendencia es el siguiente: los certificados de estudios de 1995 y 1996, de acuerdo a las fuentes de las UGEL, no pudieron ser emitidos por un centro educativo que funcionó como tal hasta 1992 (¿?).

Es motivo de extrañeza ver cómo ante supuestos similares (en una primera impresión, exgobernante y actual parlamentaria ancashina habrían mentido en sus declaraciones u hojas de vida) se opta por descalificar solo a quien tiene una minoría parlamentaria.

Debemos ser enfáticos en señalar que lo expuesto líneas arriba no quiere significar que se deba sancionar a la congresista ancashina; no obstante, a efectos de tomar cualquier tipo de decisión, era menester realizar una labor más acuciosa con la valoración y actuación de medios probatorios: ante los graves elementos que constataban irregularidades en el funcionamiento de instituciones educativas, era imperativo ir más a fondo con la finalidad de evaluar si la parlamentaria había participado con conocimiento en la configuración de hechos que merecen una exhaustiva investigación por parte de los organismos constitucionalmente autónomos.

Con esta decisión adoptada por los congresistas de la bancada opositora, quienes, cabe recordar, se mostraron a favor de la vacancia del expresidente, la sensación ciudadana no puede ser otra que la aplicación de la Ley del embudo. ¿Qué podemos esperar de las autoridades si en su seno no se respetan mínimos principios de una responsable labor fiscalizadora?





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